La discusión sobre los límites entre crítica periodística y presión pública volvió a primera plana tras el pronunciamiento del magistrado Manuel Antonio Merchán Gutiérrez, ponente del fallo de segunda instancia que absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez. En un texto inusualmente directo para el estilo de la Rama Judicial, Merchán rechazó un reportaje que, a su juicio, buscaba poner en entredicho su ética y sembrar dudas sobre la validez de la decisión colegiada. Recalcó que la independencia de los jueces “no es un privilegio personal sino una garantía para la ciudadanía”.
El pronunciamiento llega en un clima caldeado. Tras años de vaivenes procesales, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá revocó la condena de primera instancia contra Uribe y sostuvo que la acusación no superó el estándar penal de prueba. La respuesta mediática fue intensa: titulares encontrados, lecturas opuestas y una catarata de análisis en tiempo real. En ese contexto, el rechazo de Merchán al reportaje adquiere un tono institucional: “la crítica, sí; la desinformación, no”.
La aclaración del magistrado se detuvo en un punto técnico: una audiencia de 2017 sobre control de interceptaciones en un proceso contra un aforado. Según su relato, algunas líneas fueron canceladas por “actividad sin contexto” y otras no se prorrogaron por comunicarse un abogado con su defendido, supuesto que activa la protección al secreto profesional. Para Merchán, recortar esa historia o sugerir motivaciones extrajurídicas es desconocer cómo funciona el control de garantías.
El telón de fondo es más amplio que un intercambio entre magistrado y medio. Lo que está en juego, advierten académicos, es la confianza en la justicia en casos de alto impacto político, donde la presión pública tiende a desbordar el expediente. La tesis de Merchán es que la legitimidad de las decisiones depende tanto de su argumentación como del clima informativo que las rodea.
El fallo que absolvió a Uribe —de cientos de páginas— repasó testigos, interceptaciones, trazas de llamadas, contexto temporal y actuación de terceros. El Tribunal concluyó que la Fiscalía no acreditó determinación delictiva del exmandatario ni conocimiento de falsedades. El disenso interno, expresado en un salvamento de voto, evidenció que no había unanimidad conceptual, aunque sí una mayoría suficiente para revocar la condena.
En paralelo, permanecen vivas decisiones conexas —como la condena al abogado Diego Cadena en otro proceso— que alimentan preguntas sociales sobre la frontera entre gestiones de defensa y manipulación. Allí, el Tribunal trazó distinciones: la responsabilidad penal es individual, no por contagio reputacional.
El episodio con la prensa reavivó debates sobre audiencias reservadas y filtraciones. ¿Cuándo el interés público justifica publicar detalles de actuaciones selladas? ¿Qué salvaguardas deben activarse para no afectar la prueba ni la presunción de inocencia? El alegato de Merchán pone un espejo a las rutinas del periodismo judicial: verificación, contraste y contexto.
Voces del gremio periodístico replican que el escrutinio a las decisiones es parte del control democrático y que indagar la trayectoria de un juez no equivale a presionarlo. La línea fina está en los métodos: confundir hipótesis con hechos, o extrapolar antecedentes técnicos para insinuar sesgos, degrada la conversación pública.
Desde la Rama Judicial, asociaciones de jueces recordaron que la independencia no es aislamiento: exige transparencia, publicación de decisiones y lenguaje comprensible. Pero piden reciprocidad: evitar juicios paralelos que conviertan un expediente en espectáculo.
En lo político, el caso polariza narrativas. Para el uribismo, la absolución “corrige un error histórico”; para críticos, “envía un mensaje ambiguo” en materia de manipulación de testigos. Ambos bandos apelan al relato: unos a la persecución, otros a la impunidad. La disputa informativa —donde se inserta el reportaje cuestionado por Merchán— intenta inclinar la balanza simbólica.
El Ministerio Público y observatorios académicos sugieren una salida pragmática: pedagogía judicial. Publicar versiones integrales y guías ciudadanas sobre estándares de duda razonable y valoración probatoria reduciría el espacio para interpretaciones maximalistas.
Para la ciudadanía, la clave es distinguir entre calidad probatoria y juicio moral. Una absolución no convierte lo discutible en virtuoso; una condena defectuosa tampoco sacraliza la acusación. El Estado de derecho se juega en esos matices.
Reacciones o consecuencias
Organizaciones de magistrados respaldaron el llamado a la mesura y pidieron que la discusión se dé “en el terreno de los argumentos”. Gremios de prensa defendieron el derecho a investigar y abogaron por protocolos de verificación reforzada en coberturas de alta sensibilidad. A nivel político, bloques del Congreso aprovecharon la controversia para agitar sus banderas: unos hablaron de “victoria de la justicia”; otros, de “fracaso de la lucha contra la manipulación de testigos”.
Cierre
El choque entre un magistrado y un reportaje es apenas una escena de una disputa mayor: cómo discute una democracia sus procesos penales de alto voltaje sin erosionar la fe en sus instituciones. La respuesta, como insinuó Merchán, pasa por rigurosidad y responsabilidad en todos los frentes.