Búsqueda, identificación y reparación pendiente
Las familias mantienen la búsqueda de desaparecidos.
Piden acceso a archivos, nuevas pericias y priorización institucional. Los hechos de 1985 dejaron huellas profundas. Once magistrados asesinados y múltiples víctimas civiles.
La Corte IDH acreditó desapariciones forzadas. Ordenó medidas de reparación, memoria y garantías de no repetición. La discusión sobre financiación criminal persiste. Sin sentencia definitiva, sigue como hipótesis investigada.
Estados Unidos condenó la violencia y reforzó cooperación. El contexto regional vinculó narcotráfico, extradición y estabilidad democrática. Sobre Gustavo Petro, persisten controversias públicas.
Reafirma rechazo a nexos mafiosos y llama a revisar responsabilidades estatales.
La reconstrucción del edificio abrió una etapa simbólica. Desde 2004, altas cortes sesionan nuevamente en la plaza. Casos comparables enseñan prioridades claras.
Verdad integral, reconocimiento de culpas y reparación efectiva.
El país discute pedagogías de memoria. Museos, actos y archivos acercan a nuevas generaciones a los hechos. Las víctimas piden resultados medibles. Identificaciones, judicializaciones y apoyo psicosocial sostenido. Cuarenta años después, la deuda sigue. La verdad completa es un deber de Estado.