Los 389 miembros de la etnia Emberá viven en UPI La Rioja rodeados de incertidumbre por su futuro
La edificación conocida como UPI La Rioja, ubicada en Bogotá, alberga a una comunidad indígena Emberá que fue notificada del desalojo ante el riesgo estructural y la cercanía de obras del metro.
La orden, respaldada por el Tribunal de Cundinamarca que obliga el desalojo, fija un plazo para la evacuación voluntaria, generando temor entre los residentes.
Entre los 389 afectados hay gestantes, menores de edad y adultos mayores: un perfil que hace más urgente la articulación de una solución que respete derechos y garantías.
El Distrito, por medio del IDIPRON y la Secretaría de Gobierno, ha ofrecido alternativas de arriendo o traslado a otra UPI, pero la comunidad las considera insuficientes.
Desde la visión de los líderes Emberá, abandonar el sitio significaría la pérdida de su hogar, de su tejido social y del lugar que han podido construir en la ciudad.
El caso adquiere relevancia como antecedente de cómo las ciudades pueden responder —o no— a comunidades indígenas en condición de vulnerabilidad en asentamientos colectivos informales.
En última instancia, se pone en juego el equilibrio entre urbanismo, seguridad estructural, derechos humanos y la inclusión cultural en una Bogotá cada vez más compleja. La situación de la comunidad Emberá en la UPI La Rioja evidencia los retos de Bogotá frente a la vivienda colectiva de pueblos indígenas, el desarrollo urbano acelerado y la necesidad de soluciones que combinen infraestructura, derechos culturales y dignidad. Este caso invita a reflexionar sobre la política pública de vivienda en contextos urbanos y los derechos de comunidades tradicionales.