En Cali, la noticia se extendió con rapidez: una denuncia paterna llevó a la captura de una mujer señalada de abusar de su hija de seis años y comercializar videos de las agresiones. Más allá de la conmoción, la ciudad comenzó a hacer preguntas cruciales: ¿cómo actuar a tiempo?, ¿a dónde acudir?, ¿cómo apoyar a la víctima sin exponerla? La Fiscalía informó que, con el material incautado, se formularon cargos y un juez ordenó prisión preventiva, decisión que busca asegurar el proceso y proteger a la menor. La conversación en barrios, colegios y redes sociales giró en torno a fortalecer la prevención y a entender las rutas disponibles.
A partir de la denuncia, Cali reforzó el llamado a los canales 24/7: 122 (Fiscalía) para reportar delitos, 141 (ICBF) para activar medidas de protección y 123 (Policía) para emergencias. Autoridades locales y defensores de infancia insisten en no manipular ni borrar archivos antes de entregarlos a peritos, pues la trazabilidad técnica es decisiva en tribunales. En paralelo, se promueve la asesoría gratuita y el apoyo psicosocial, así como la confidencialidad estricta sobre la identidad de la menor. La participación ciudadana, a través de reportes tempranos, es un componente esencial de la respuesta local.
En el ámbito judicial, la prisión preventiva fue sustentada por el riesgo de interferir con la investigación y por la necesidad de proteger a la víctima. La imputación por actos sexuales con menor de 14 años agravado y pornografía con persona menor de 18 años mantiene la causa en curso, sin prejuzgar el resultado final. La ciudad observa el avance del expediente con expectativa, mientras organizaciones de derechos de infancia recuerdan que cada audiencia debe considerar el interés superior del niño como guía de las decisiones.
El caso también impulsó conversaciones sobre prevención en el hogar y en entornos digitales. Expertos locales recomiendan prácticas concretas: configurar controles parentales, dialogar abiertamente sobre límites corporales, revisar cambios de conducta, y crear espacios de confianza que permitan pedir ayuda sin temor. Colegios y centros de salud, por su contacto cotidiano con niñas y niños, son aliados estratégicos para detectar señales y activar rutas. Además, se insiste en no compartir en redes sociales información sensible o conjeturas que puedan estigmatizar a la víctima o afectar el proceso.
En la esfera comunitaria, juntas de acción comunal y colectivos juveniles de Cali han organizado conversatorios y jornadas informativas para difundir la ruta de denuncia y los recursos disponibles. Este tejido social —sostienen líderes— es clave para que la información llegue a quienes más la necesitan y para que las familias sepan que no están solas. El acompañamiento psicosocial, brindado por equipos especializados, busca reducir el trauma y favorecer la reintegración de la niña a entornos seguros, sin exposiciones innecesarias ni revictimizaciones. Cali fortalece rutas de denuncia, protección y prevención ante delitos sexuales contra menores.