La Presidencia reconoce fallas y anuncia tableros públicos
El Ejecutivo comunicó a la Corte que elevará la Unidad a Consejería Presidencial, reconociendo fallas y comprometiéndose con gobierno abierto para la implementación del Acuerdo. La medida responde a la exigencia judicial de superar bloqueos y crear condiciones para decisiones oportunas.
La falta de jerarquía y de coordinación derivada del cambio de 2022 limitó la capacidad de convocatoria nacional y territorial. Con la nueva Consejería, el Gobierno busca alinear ministerios y agencias para que la política de paz funcione como una estrategia de Estado.
El rediseño promete tableros de control abiertos, seguimiento ciudadano y metas claras por región, con énfasis en seguridad, tierras y desarrollo rural. Serán claves los plazos de ejecución, la rendición de cuentas y la corresponsabilidad de gobernaciones y alcaldías.
La Corte ha subrayado la obligación de proteger a firmantes y líderes, aspecto que la Consejería pondrá en el centro de la coordinación interinstitucional. La eficacia de la implementación dependerá de reducir riesgos y garantizar la presencia integral del Estado.
Organismos y expertos habían pedido recuperar un órgano de mayor rango para asegurar coherencia, continuidad y recursos. El Gobierno recoge estas recomendaciones y apuesta por gobernanza basada en evidencia y evaluación independiente.
La participación social será vinculante a través de mesas regionales y consultas periódicas sobre prioridades y ajustes. Al abrir datos y metodologías, la Consejería espera legitimar decisiones y facilitar la veeduría ciudadana. Con la nueva arquitectura, el Ejecutivo se compromete a mostrar resultados verificables en el corto y mediano plazo.