El ministro habló de “abuso de poder” y cuestionó competencias de la Corte; el alto tribunal defendió la legalidad y rechazó sus descalificaciones
El ministro del Interior, Armando Benedetti, reportó este 11 de noviembre un allanamiento en una de sus viviendas ordenado por la magistrada de la Corte Suprema Cristina Lombana, diligencia que calificó de irregular. En conversación con La W, elevó la controversia con señalamientos personales contra la togada y puso en duda la competencia del alto tribunal para investigarlo por hechos posteriores a su etapa como congresista.
Benedetti sostuvo que Lombana carece de facultades para adelantar la pesquisa y afirmó que el radio de las indagaciones se extendió a decenas de familiares, lo que interpretó como persecución. Añadió que el operativo no arrojó incautaciones y sugirió la posible instalación de micrófonos en su residencia, hipótesis que avivó el debate sobre garantías procesales y límites de las diligencias.
La Corte Suprema de Justicia respondió rechazando “descalificaciones personales” contra la magistrada y defendiendo la legalidad del procedimiento, en el marco de procesos en curso. Con ello buscó encarrilar el episodio en el terreno jurídico, pese a que el cargo de Benedetti le da una dimensión política inmediata y de alcance nacional.
El impacto político se sintió de forma rápida: sectores de control disciplinario y de opinión pidieron a la Procuraduría evaluar las expresiones del ministro, mientras otras voces llamaron a la prudencia y al respeto entre poderes. Paralelamente, el presidente Gustavo Petro cuestionó el allanamiento —sin aludir a la magistrada—, calificándolo de “ilegal” y equiparándolo a un “secuestro”, lo que tensó aún más la relación entre el Ejecutivo y la Rama Judicial.
Con antecedentes judiciales y disciplinarios como telón de fondo, el caso reabre preguntas sobre las competencias de la Corte y los límites del discurso de altos funcionarios. En el corto plazo, se esperan definiciones de la Procuraduría, nuevas precisiones del alto tribunal sobre su marco de actuación y los pasos legales que el propio Benedetti anunció ante instancias nacionales o internacionales.