Fundación San José anula títulos expedidos
El caso de Juliana Andrea Guerrero Jiménez, oriunda del departamento del Cesar, ha captado la atención nacional tras revelarse irregularidades en su formación académica y el otorgamiento de un crédito educativo por parte del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior. La controversia involucra a múltiples instituciones colombianas, desde universidades hasta entidades gubernamentales en Bogotá.
El Icetex confirmó que Guerrero fue beneficiaria del Fondo Especial de Créditos Educativos para Comunidades Negras (Fececn), programa diseñado para garantizar acceso a educación superior de poblaciones afrocolombianas, raizales y palenqueras en todo el territorio nacional. El préstamo, equivalente a tres salarios mínimos mensuales legales vigentes por periodo, fue destinado para estudios en la Universidad Popular del Cesar.
Las investigaciones en curso involucran a la Fiscalía 42 Especializada de Bogotá, la Procuraduría General de la Nación, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y diversas instituciones educativas colombianas. El escándalo ha generado debates sobre verificación de credenciales académicas y contratación pública en Colombia.
La Universidad Popular del Cesar aparece como institución donde Guerrero supuestamente cursaría Contaduría Pública según aprobación del Icetex en 2020. Sin embargo, la Fundación Universitaria San José en Bogotá, institución que posteriormente anuló títulos expedidos a su nombre, genera confusión sobre el verdadero centro educativo donde desarrolló estudios.
El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) certificó que no existen registros de presentación de la Prueba Saber Pro por parte de Guerrero. Este examen, aplicado a estudiantes próximos a graduarse en todo Colombia, constituye requisito obligatorio para obtener título profesional en instituciones de educación superior colombianas.
La representante a la Cámara Jennifer Pedraza, congresista que lidera las denuncias desde Bogotá, obtuvo orden judicial del Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que la Universidad Industrial de Santander entregue documentación sobre contratos interadministrativos. Entre estos figura convenio por 14.500 millones de pesos con el Ministerio del Interior, ejecutado mientras Guerrero se desempeñaba como jefe de Gabinete.
Los honorarios mensuales de Guerrero en contratos con la UIS alcanzaban los 12 millones de pesos, según documentación revelada. Estos contratos se ejecutaban desde Bogotá, donde la joven desarrollaba funciones en el Ministerio del Interior durante el gobierno del presidente Gustavo Petro.
La Fiscalía 42 Especializada de Bogotá inició indagación preliminar por presuntos delitos de falsedad documental y fraude procesal. Esta investigación incluye no solo a Guerrero, sino también a directivos y exdirectivos de la Fundación Universitaria San José ubicada en la capital colombiana.
El caso ha generado reacciones en todo el país. En el Cesar, departamento de origen de Guerrero, la comunidad afrocolombiana observa con preocupación cómo este episodio podría afectar la percepción sobre beneficiarios legítimos de programas de acción afirmativa en Colombia.
La Procuraduría General de la Nación, con sede en Bogotá, recopila material probatorio para evaluar posibles sanciones disciplinarias a funcionarios públicos involucrados en expedición de títulos y contratación. Las investigaciones buscan determinar si existieron irregularidades en procesos administrativos realizados en diferentes ciudades colombianas.
El plazo para acceder a medidas excepcionales del Fondo Especial de Créditos Educativos para Comunidades Negras vence el 16 de diciembre de 2025, según informó el Icetex desde sus oficinas centrales en Bogotá. Esta fecha es crítica para 10.090 beneficiarios en todo el territorio nacional, incluida Guerrero.
El caso continúa bajo investigación de múltiples entidades colombianas. Desde el Cesar hasta Bogotá, pasando por instituciones en Santander y Cundinamarca, diferentes organismos buscan esclarecer las circunstancias que permitieron el desarrollo de esta compleja situación. La resolución del expediente marcará precedentes importantes para verificación de credenciales académicas y contratación pública en Colombia durante 2025 y años siguientes.