Denuncia de veedurías desata revisión en el Congreso
Según el auto conocido por la Comisión, la representante investigadora María Eugenia Lopera, vicepresidenta de la célula, reiteró a la fiscal Camargo que, dentro de los próximos diez días, deberá remitir un informe completo de las actuaciones surtidas frente a la denuncia, para que obre como prueba en el expediente. El requerimiento incluye las decisiones adoptadas por la Fiscalía en el caso UNGRD, los avances en las órdenes de captura y las gestiones relacionadas con la fuga de Carlos Ramón González, quien es señalado por su presunta participación en el entramado de corrupción.
La denuncia de la Red de Veedurías plantea que habría existido una supuesta “conveniencia” entre la fiscal general y los fiscales 9 y 11 delegados ante la Corte Suprema de Justicia para permitir o facilitar que González abandonará Colombia rumbo a Nicaragua y así evadir la acción de la justicia. En el escrito, el denunciante pidió además investigar posibles delitos como fraude a resolución judicial, concierto para delinquir, abuso de función pública y favorecimiento, hechos que ahora hacen parte del análisis preliminar de la Comisión.
Carlos Ramón González, exdirector del Dapre y exjefe de inteligencia cercano al gobierno de Gustavo Petro, fue imputado en 2025 por la Fiscalía General por su presunta participación en el esquema de corrupción de la UNGRD, relacionado con contratos de carrotanques y presuntos desvíos de recursos públicos. El ex funcionario salió del país y permanece en Nicaragua, donde el régimen de Daniel Ortega le concedió asilo, mientras enfrenta circular roja de Interpol, de acuerdo con medios nacionales.
La Comisión de Acusación revisa si, como sostiene la Red de Veedurías, la Fiscalía actuó con lentitud o de manera insuficiente para materializar la captura de González. La organización afirma que desde mediados de 2024 elevó peticiones para que se le imputarán cargos y se dictara medida de aseguramiento al exdirector del Dapre, pero esas decisiones solo se concretaron en mayo de 2025, cuando el exfuncionario ya no se encontraba en territorio colombiano.
Paralelamente, el caso UNGRD sigue siendo uno de los frentes judiciales más sensibles del país. Las investigaciones han revelado un presunto esquema de corrupción en la contratación de carrotanques para La Guajira y otros proyectos, que habría servido para desviar recursos públicos y financiar sobornos a congresistas a cambio de apoyo a reformas clave del Gobierno, según la Fiscalía y organizaciones de transparencia. Varios exdirectivos de la entidad, como Sneyder Pinilla y Olmedo López, ya han aceptado cargos o colaboran con la justicia, mientras siguen procesos contra otros implicados.
En este contexto, la figura de la fiscal general ha quedado bajo la lupa del Congreso. La Comisión de Acusación no se pronuncia todavía sobre responsabilidades, pero al decretar la práctica de pruebas abre la puerta a una revisión detallada de la gestión de Camargo frente al escándalo. De encontrarse mérito, la investigación podría avanzar hacia etapas en las que se definan eventuales cargos de carácter político o penal; si no, el proceso podría archivarse. Por ahora, el foco está en la información que entregue la Fiscalía y en los documentos que se alleguen al expediente.
Tanto la Fiscalía como la defensa de la fiscal general han insistido en que las decisiones adoptadas en el caso UNGRD han seguido los canales institucionales y que no hubo tratamiento privilegiado para ningún procesado. Sin embargo, las organizaciones denunciantes argumentan que la fuga de González evidencia vacíos en la reacción estatal y piden que se determinen posibles responsabilidades individuales. La Comisión de Acusación se mueve así en un terreno sensible, donde confluyen la lucha contra la corrupción, la independencia judicial y el control político sobre la jefa del ente acusador.
La decisión de la Comisión de Acusación de solicitar pruebas en la investigación previa contra Luz Adriana Camargo marca un punto clave en el caso UNGRD y en la controversia por la fuga de Carlos Ramón González. En los próximos días, el informe que remita la fiscal general, sumado a la documentación que llegue al expediente, será determinante para establecer si hubo o no omisiones en el manejo de la captura del exdirector del Dapre y en la tramitación de las decisiones judiciales. Lo que ocurra en el Congreso con este proceso no solo tendrá impacto en el futuro de la fiscal Camargo, sino también en la credibilidad institucional frente al escándalo de corrupción de la UNGRD y al control político sobre la justicia en Colombia.