Hacienda reescribe el proyecto tras fuerte resistencia
Las actas internas y los relatos de los asistentes apuntan a una misma conclusión: el IVA a la gasolina y al ACPM no tenía ambiente en el Capitolio. Gremios de transporte, analistas y ciudadanos advertían sobre la posibilidad de un efecto dominó en precios de alimentos, servicios y transporte. Al Gobierno no le quedó más opción que retirar esa ficha, aun a riesgo de debilitar la narrativa de “reforma estructural” que había impulsado inicialmente.
Con el hueco que dejaba esa decisión, Hacienda se vio obligada a buscar nuevas fuentes de recaudo. En los cuadros que el Ministerio llevó a los congresistas comenzaron a ganar peso los renglones de IVA selectivo, patrimonio, juegos de azar, rendimientos financieros y sector financiero. La meta era cuadrar las cuentas sin volver a tocar la canasta familiar y sin reabrir el frente de los combustibles.
Los ajustes en IVA fueron uno de los puntos más discutidos. Varios ponentes aceptaron que el aumento en licores y juegos en línea era políticamente más manejable que gravar de nuevo productos básicos, aunque advirtieron sobre el impacto en economías regionales donde el aguardiente y el ron son protagonistas de la vida social y de los ingresos departamentales. El Gobierno se comprometió a mantener canales de diálogo con autoridades locales para mitigar esos efectos.
En paralelo, se fueron afinando los detalles del impuesto al patrimonio. Los congresistas exigieron que la tabla fuera claramente progresiva y que la tarifa más alta del 5 % se aplicará solo a los patrimonios más elevados, para evitar que la medida se percibiera como un castigo a estratos medios. Hacienda ajustó los tramos de UVT y reforzó el discurso de que la reforma recaería sobre “quienes más tienen”.
El capítulo del sector financiero también generó tiras y aflojes. La sobretasa del 15 % fue defendida por algunos sectores como una forma de compensar las ganancias del sistema bancario, mientras otros advirtieron que podía afectar la confianza de inversionistas y el costo del crédito. Al final, el Gobierno mantuvo la cifra, apostando a que el mensaje político de exigir mayor aporte a los bancos sería mejor recibido que cualquier recorte en ese frente.
A medida que las negociaciones avanzaban, la reforma ajustada fue tomando forma de pacto: se renunciaba al IVA a combustibles, pero se aceptaba un paquete de cambios en IVA selectivo, patrimonio, ganancias ocasionales y tributos al sector financiero. Para los ponentes, el resultado les permitiría defender en sus regiones que habían tumbado el impuesto a la gasolina, mientras mostraban una reforma que, en teoría, cargaba más a sectores de ingreso alto. Para Hacienda, significaba preservar intacta la meta de recaudo y el compromiso con la regla fiscal.
Ahora, el texto ajustado entra a la fase pública del debate en el Congreso. Vendrán audiencias, intervenciones de gremios, críticas de la oposición y propuestas de modificación. Sin embargo, el núcleo del proyecto —recaudar $16,3 billones sin IVA a combustibles y con énfasis en impuestos selectivos y patrimoniales— ya está trazado. Lo que ocurra en las próximas sesiones plenarias definirá si el pacto que se cocinó en las salas de reunión se convierte en la nueva realidad tributaria del país.
La historia de la reforma tributaria ajustada es también la crónica de una negociación política: el Gobierno cedió en el IVA a combustibles, pero mantuvo el recaudo de $16,3 billones reforzando impuestos a licores, juegos, patrimonios, sector financiero y rendimientos financieros. Con el proyecto ya reformulado, el Congreso tendrá la última palabra sobre una ley de financiamiento que marcará el rumbo fiscal de Colombia en los próximos años.