Colombia debate bombardeo con siete menores fallecidos
El departamento del Guaviare se convirtió en el epicentro de una controversia nacional tras un bombardeo militar ordenado por el presidente Gustavo Petro contra disidencias de las FARC que dejó siete menores de edad muertos, según Medicina Legal. La operación militar realizada en zona rural del Guaviare generó un intenso debate político sobre el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario y la protección de menores reclutados por grupos armados en Colombia.
La Defensoría del Pueblo confirmó al menos seis víctimas infantiles en el ataque contra estructuras del alias Iván Mordisco en el Guaviare. El bombardeo reavivó el debate sobre el impacto del conflicto armado colombiano en poblaciones vulnerables, especialmente en regiones como Guaviare donde el reclutamiento forzado de menores constituye una problemática persistente.
Catherine Juvinao, congresista colombiana, rechazó las justificaciones presidenciales con un contundente “no sea descarado”, posición que comparten diversos sectores políticos que recuerdan las críticas históricas de Petro a bombardeos similares. La controversia expone tensiones en la política de seguridad de Colombia y plantea interrogantes sobre la protección efectiva de menores en zonas de conflicto.
El bombardeo en Guaviare fue autorizado personalmente por el presidente Petro como parte de una operación contra aproximadamente 150 combatientes de disidencias FARC que avanzaban por la selva del departamento. El mandatario colombiano explicó que la inteligencia militar advertía sobre una posible emboscada contra 20 soldados, lo que motivó la decisión de realizar el ataque aéreo en zona rural del Guaviare.
La directora del ICBF Colombia, Astrid Cáceres, expresó profundo dolor por la muerte de los siete adolescentes en el bombardeo del Guaviare. Cáceres denunció que el reclutamiento de menores entre 15 y 17 años por disidencias FARC en regiones como Guaviare y Cauca representa una estrategia cruel que mezcla adultos y niños en estructuras armadas, complicando las operaciones militares del Estado colombiano.
La Defensoría del Pueblo Colombia, mediante su titular Iris Marín, calificó el hecho como lamentable y reflejo del carácter inhumano de la guerra en Colombia. El comunicado oficial señala que menores del Guaviare fueron reclutados por falta de protección estatal y posteriormente convertidos en objetivos militares, situación que viola principios del Derecho Internacional Humanitario aplicable en Colombia.
El senador Iván Cepeda Colombia condenó el bombardeo del Guaviare donde murieron siete menores, reiterando que acciones de esta naturaleza están prohibidas por el derecho humanitario. Cepeda, precandidato presidencial Colombia 2026, también condenó el reclutamiento de menores por grupos armados disidentes y llamó a que el DIH sea respetado en toda circunstancia en el conflicto armado colombiano.
La representante Katherine Miranda invitó públicamente al senador Cepeda a denunciar conjuntamente al presidente Petro y al ministro de Defensa Colombia Pedro Sánchez por presuntas violaciones al DIH. Miranda recordó declaraciones previas de Cepeda contra bombardeos similares durante el gobierno Duque, cuestionando la coherencia política independientemente del gobierno en Colombia.
El precandidato presidencial Sergio Fajardo Colombia criticó la contradicción del presidente al justificar un bombardeo que años atrás condenó como posible crimen de guerra. Fajardo señaló que estas contradicciones dañan al país y que Colombia merece coherencia y responsabilidad en el uso legítimo de la fuerza estatal, especialmente en operaciones que afectan menores en zonas de conflicto como el Guaviare.
El exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa expresó estar de acuerdo con la decisión de Petro, argumentando que es difícil recuperar territorio controlado por grupos armados en Colombia. Peñalosa reconoció que operaciones militares tienen costos dolorosos, postura contraria a la mayoría de críticos del bombardeo Guaviare que cuestionan la política de seguridad de la administración Petro.
El bombardeo en el Guaviare marca la operación número doce autorizada por la administración Petro en Colombia, según registros oficiales. El caso reactivó debates fundamentales sobre la estrategia de seguridad nacional, el balance entre capacidad operacional militar y protección de población vulnerable, y la aplicación práctica del Derecho Internacional Humanitario en regiones como el Guaviare donde grupos armados mantienen presencia activa.
La controversia por el bombardeo del Guaviare evidencia la complejidad del conflicto armado colombiano y los dilemas éticos de operaciones militares en territorios donde menores son reclutados forzadamente. Mientras Colombia debate sobre coherencia política y protocolos operacionales, la protección efectiva de niños en zonas de conflicto como el Guaviare permanece como desafío urgente para el Estado colombiano y su política de Paz Total.