El evento de Paz Urbana generó rechazo entre víctimas que se sintieron revictimizadas al ver a los cabecillas en tarima
La imagen de los cabecillas de estructuras criminales subidos a la tarima de La Alpujarra, en medio de un evento encabezado por el presidente Gustavo Petro, fue especialmente dura para muchas víctimas del Valle de Aburrá. Desde las gradas, varias personas que han sufrido homicidios, extorsiones, desplazamientos y amenazas a manos de esas mismas organizaciones vieron cómo los jefes que reconocen como responsables eran presentados como actores centrales de un acto público de paz. Días después, la apertura de una investigación previa al mandatario reavivó ese debate en Medellín.
En los comunicados y declaraciones posteriores al evento, organizaciones de víctimas señalaron que los cabecillas fueron exhibidos como “voceros de paz” pese a tener condenas firmes por crímenes atroces. Para muchos de ellos, el acto parecía más un homenaje a los victimarios que un espacio pensado para reconocer la dignidad y el sufrimiento de las comunidades golpeadas por la violencia urbana. La palabra revictimización comenzó a aparecer con frecuencia en columnas de opinión, foros ciudadanos y redes sociales.
La apertura de la investigación en la Comisión de Investigación y Acusación no borra ese sentimiento, pero sí es vista por algunos sectores como una oportunidad para que se revisen a fondo las decisiones que permitieron el tarimazo. La indagación deberá aclarar quién autorizó la salida de los reclusos de la cárcel de Itagüí, qué papel jugaron el Inpec, el Ministerio de Justicia y la Presidencia, y si en ese camino se desatendieron los derechos de las víctimas o las obligaciones legales del Estado.
En los barrios de Medellín donde estas estructuras criminales han tenido presencia histórica, el episodio ha sido motivo de conversaciones intensas. Algunos habitantes consideran que cualquier esfuerzo por reducir la violencia, incluso si implica gestos incómodos, es preferible a seguir viviendo bajo el miedo. Otros, en cambio, sienten que ver a los líderes de esas bandas en un escenario oficial es un mensaje de impunidad que puede debilitar la confianza en la justicia y en las instituciones nacionales.
Líderes comunitarios advierten que, para avanzar hacia una verdadera paz urbana, es fundamental que las víctimas tengan un lugar central en el diseño y la evaluación de estas políticas. Eso incluye garantizar su participación en las mesas de diálogo, construir rutas claras de reparación, evitar actos simbólicos que las hieran y asegurar que cualquier beneficio a los cabecillas esté sujeto a compromisos verificables de desmantelamiento y no repetición. Sin esos elementos, dicen, la sensación de injusticia puede profundizarse.
El caso también ha vuelto a poner en el centro la relación entre Medellín y el Gobierno nacional. Mientras la administración local lanza advertencias sobre la situación de seguridad y recurre incluso a instancias internacionales para llamar la atención sobre lo ocurrido, el Ejecutivo insiste en que su política de paz urbana busca precisamente responder a esa crisis. La investigación de la Comisión se convierte, en este sentido, en un escenario adicional donde se cruzan visiones sobre cómo enfrentar el crimen organizado en la ciudad.
Para las víctimas, el desenlace del expediente será observado con lupa. Más allá de las consecuencias concretas para el presidente, lo que está en juego es si el Estado es capaz de enviar un mensaje claro de respeto por su dolor y de compromiso con la verdad y la justicia. La pregunta de fondo es si la Paz Urbana en Medellín puede construirse de manera que quienes han sufrido la violencia se sientan parte de la solución y no simples espectadores de acuerdos entre el Gobierno y los jefes de las estructuras criminales.
El “tarimazo” de Medellín, hoy bajo investigación en la Comisión de Acusación, ha dejado una huella profunda entre las víctimas del Valle de Aburrá, que cuestionan la presencia de cabecillas en un acto oficial de paz. Mientras el Congreso recoge pruebas sobre la salida de los reclusos de Itagüí y el rol del Gobierno nacional, Medellín sigue debatiendo cómo combinar seguridad, justicia y reparación. El futuro de la Paz Urbana dependerá en buena medida de si la ciudad logra construir un modelo en el que las víctimas sean protagonistas y no queden a la sombra de los acuerdos con las estructuras criminales.