La detención de una ciudadana rusa y su esposo en Llanogrande reabrió las miradas sobre el crimen de un auditor en Bogotá
La tarde del 6 de noviembre, la tranquilidad de una lujosa propiedad en Llanogrande, Oriente antioqueño, se rompió cuando hombres del Gaula Militar cruzaron el portón con una orden judicial en la mano. Dentro, dos jóvenes empresarios trataban de entender por qué su casa se llenaba de uniformes, cámaras y diligencias de registro. Minutos después, la ciudadana rusa Julia Maydankina y su esposo Hugo Ernesto Romero Páez fueron capturados, señalados de integrar una estructura de extorsión digital bautizada por las autoridades como Red-Dot.
La historia, sin embargo, no comenzaba allí. El Tiempo ya había seguido la pista de la pareja, sus empresas y su estilo de vida entre Moscú, Bogotá y Antioquia, en un contexto donde las plataformas virtuales, los call centers y las criptomonedas se cruzaban con inversiones legales y acusaciones de uso indebido de información. En el expediente se lee que, durante al menos dos años, la red habría accedido a datos privados de empresarios para exigirles pagos mensuales a cambio de no poner en riesgo sus negocios.
Mientras se registraban computadores, documentos y dispositivos electrónicos en la mansión, otro nombre se hacía inevitable en las conversaciones de los investigadores: Roberto Franco Charry, el auditor asesinado en febrero de 2024 en un edificio frente al parque de la 93, en la zona rosa de Bogotá. El nexo no era casual. El nombre de Hugo Romero aparecía en los documentos de El Arrozal y Cía. SCA, la firma asesorada por Franco y epicentro de una disputa societaria entre herederos que definía el rumbo de los Supermercados Líder y de otros negocios familiares.
El expediente del crimen registra una escena distinta, pero conectada: un sicario que llega al parqueadero, un ataque calculado y un auditor gravemente herido que es trasladado a la Clínica del Country. De acuerdo con los registros judiciales, fue el propio Romero quien llevó a Franco hasta el centro médico, donde murió minutos después. Familiares del clan Romero relatan que el empresario asesinado era “como un padre” para Hugo, una frase que hoy resuena con fuerza a la luz de la captura en Antioquia y de las nuevas sospechas que se ciernen sobre la pareja.
De vuelta en las audiencias, el abogado Carlos Cárdenas trata de poner freno a las especulaciones. Repite ante quien lo quiera oír que “son casos distintos”: que el tema de El Arrozal corresponde a un conflicto de herencias y supermercados, y que la captura en Llanogrande tiene que ver con una disputa de acreencias mercantiles presentada, según él, como una extorsión que nunca existió. En su versión, los negocios que compartían Romero y Maydankina se mueven en la frontera de lo innovador, pero no cruzan al lado ilegal.
En paralelo, la Fiscalía mantiene su propio relato. Para los investigadores, la combinación de mansiones de lujo, empresas de servicios, datos sensibles y criptomonedas encaja con patrones de redes criminales que se han detectado en otros episodios. La cercanía entre Romero y Franco, lejos de disipar dudas, obliga a revisar con lupa las transacciones, los préstamos y los negocios que pudieron haber surgido entre ellos, incluido un supuesto proyecto de páginas webcam financiado, según fuentes del caso, con recursos del auditor asesinado.
Mientras los expedientes crecen y las audiencias avanzan, la crónica de esta historia se bifurca entre Antioquia y Bogotá. En Llanogrande, la mansión donde se produjo la captura permanece como símbolo del auge y caída de dos jóvenes empresarios que apostaron por la tecnología y el mundo digital. En la Zona Rosa, el edificio frente al parque de la 93 recuerda el punto exacto donde un sicario terminó con la vida de Franco Charry. Entre ambos escenarios, los jueces deberán decidir si el hilo que los une es solo una cadena de coincidencias o la evidencia de una trama más compleja que combina negocios, familia y crimen organizado.
La crónica de la joven rusa capturada en Llanogrande y su esposo colombiano, cruzada con el asesinato del auditor Roberto Franco Charry en la zona rosa de Bogotá, resume una historia donde se mezclan mansiones, criptomonedas, empresas familiares y sospechas de extorsión digital. A medida que la justicia avance, se sabrá si el caso de Red-Dot confirma la existencia de una red criminal sofisticada o si, como sostiene la defensa, todo obedece a conflictos empresariales mal interpretados. Por ahora, Llanogrande y el parque de la 93 quedan unidos en un expediente que seguirá marcando la agenda de la Unidad Investigativa y de los tribunales.