Los bombardeos con menores muertos se concentran en departamentos con alta presencia de grupos armados y economías ilegales
El mapa de los siete bombardeos que han dejado al menos 25 menores muertos desde 2019 dibuja una geografía conocida de la guerra en Colombia: Caquetá, Guaviare, Chocó, Amazonas y Arauca. Se trata de departamentos con amplias zonas selváticas, históricamente golpeados por el conflicto armado, el narcotráfico y la minería ilegal, donde la presencia del Estado es débil y los grupos armados ilegales han encontrado un terreno fértil para reclutar niños y adolescentes.
En Caquetá, el bombardeo de San Vicente del Caguán en 2019 volvió a poner en el centro del debate una región que ya había sido símbolo de la negociación fallida con las FARC a comienzos de los años 2000. Las denuncias sobre menores muertos en esa operación evidenciaron que, pese al acuerdo de paz de 2016, las disidencias seguían reclutando adolescentes y que las comunidades rurales seguían atrapadas entre las exigencias de los grupos armados y las respuestas militares del Estado.
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Guaviare, por su parte, concentra varios de los bombardeos más recientes. Los ataques en Calamar y El Retorno, ocurridos entre marzo de 2021 y noviembre de 2025, se han dirigido principalmente contra estructuras del Estado Mayor Central de las disidencias, pero también han dejado un saldo de menores muertos que hoy cuestiona la forma en que se recogen y se verifican los datos de inteligencia antes de autorizar una operación. En esta zona confluyen cultivos ilícitos, corredores del narcotráfico y comunidades indígenas particularmente vulnerables.
En el sur del país, el bombardeo en Puerto Santander (Amazonas), del 1 de octubre de 2025, expuso la fragilidad de uno de los departamentos con menor presencia estatal. La Defensoría del Pueblo confirmó la muerte de cuatro menores en esa operación y llamó la atención sobre la combinación de factores de riesgo: aislamiento geográfico, economías ilegales basadas en el narcotráfico y la explotación de recursos naturales, y la ausencia de oferta educativa y laboral que empuja a los jóvenes a los grupos armados.
Arauca, frontera viva con Venezuela, es otro de los puntos sensibles de este mapa. La operación del 13 de noviembre en la vereda La Esmeralda de Puerto Rondón, donde murió una menor de edad, se dio en un territorio donde confluyen disidencias de las FARC y el ELN, y donde la población civil ha denunciado históricamente estigmatización y miedo permanente a quedar en medio del fuego cruzado. Las comunidades insisten en que los planes de seguridad deben ir acompañados de inversión social, garantías para la participación comunitaria y programas específicos para prevenir el reclutamiento infantil.
En estas regiones, la discusión sobre los bombardeos no es un debate abstracto. Campesinos e indígenas han advertido que, mientras los grupos armados sigan reclutando niños, cualquier operación de alto impacto con bombas tendrá un riesgo alto de afectar a menores. Por ello, organizaciones locales y autoridades étnicas han propuesto reforzar los mecanismos de alerta temprana, establecer corredores humanitarios y diseñar rutas de salida negociada para los menores en manos de grupos armados, antes de que se ordenen nuevos ataques aéreos.
Las investigaciones abiertas por la Fiscalía y los llamados de la Procuraduría, la Defensoría y la comunidad internacional apuntan en la misma dirección: la política de seguridad en Colombia no puede seguir tratándose solo de cifras de cabecillas abatidos, sino también de la protección efectiva de la niñez en territorios como Caquetá, Guaviare, Chocó, Amazonas y Arauca. Mientras no se atiendan de fondo las condiciones que alimentan el reclutamiento forzado y la ausencia de oportunidades para los jóvenes, advierten los expertos, la combinación de conflicto armado y bombardeos seguirá teniendo un costo desproporcionado para las niñas y los niños de la Colombia rural.
El análisis territorial de los siete bombardeos con menores muertos muestra que la discusión sobre la política de seguridad también es una discusión sobre la Colombia rural y de frontera. En departamentos como Caquetá, Guaviare, Chocó, Amazonas y Arauca, donde se concentran estos casos, las comunidades reclaman que cualquier estrategia contra las disidencias y otros grupos armados incluya, de forma prioritaria, protección a la niñez, prevención del reclutamiento y presencia integral del Estado, para que no se repita la historia de 25 niños muertos en operaciones militares entre 2019 y 2025.