El debate citado por Catherine Juvinao en la Cámara reavivó la discusión sobre el costo humano de los operativos militares
El salón elíptico del Capitolio Nacional volvió a ser escenario de un pulso político que trasciende las fronteras de Bogotá y se siente en los municipios más golpeados por la guerra. En un acalorado debate de control político, la representante Catherine Juvinao expuso cifras que, según ella, muestran la verdadera dimensión del impacto de las operaciones militares del gobierno Petro sobre la niñez en las regiones. De acuerdo con su intervención, 42 menores de edad habrían muerto por acciones de la Fuerza Pública, entre bombardeos y enfrentamientos, durante la actual administración.
La denuncia se apoya en datos de Medicina Legal y en reportes internos que indican que 17 menores habrían perdido la vida en bombardeos contra campamentos de grupos armados organizados, mientras que otros 25 murieron en tiroteos o confrontaciones directas con tropas oficiales. Estos casos se concentran en zonas rurales de departamentos como Guaviare, Amazonas, Arauca, Meta, Cauca y Antioquia, donde históricamente confluyen presencia de disidencias, economías ilegales y una limitada presencia del Estado.
En la plenaria, Juvinao cuestionó especialmente que el país solo hubiera escuchado hablar de 15 menores muertos en bombardeos, cuando los documentos de Medicina Legal señalarían que son 17, al incluir dos ataques aéreos de 2023 y 2024 que no estaban en los reportes iniciales. También puso sobre la mesa cinco bombardeos sobre los que no hay información detallada de víctimas, pese a que en su momento se habló de decenas de fallecidos, como ocurrió en Zaragoza (Antioquia). Esa discrepancia llevó a varios congresistas a exigir al Gobierno y a la cúpula militar un informe completo y público sobre cada operativo.
Desde el sector oficialista, el ministro de Defensa defendió la actuación de la Fuerza Pública y aseguró que todos los operativos se han desarrollado bajo parámetros del Derecho Internacional Humanitario. El Gobierno insiste en que los bombardeos han sido dirigidos contra estructuras responsables del reclutamiento de menores y de ataques a la población civil y a la propia Fuerza Pública. Aun así, en los pasillos del Congreso muchos reconocen que, más allá de la justificación jurídica, el impacto en la opinión pública es creciente, especialmente en las ciudades capitales y en las zonas donde se han registrado las operaciones.
La controversia se alimenta también de la respuesta del presidente Gustavo Petro a la Defensoría del Pueblo, que le había pedido suspender los bombardeos cuando hubiera riesgo de presencia infantil. El mandatario no solo descartó esa posibilidad, sino que advirtió que detener las operaciones incentivaría a los jefes de los grupos armados a usar más niños como escudos humanos. Su postura ha sido objeto de fuertes críticas de organizaciones sociales y también de sectores que anteriormente respaldaron su elección, quienes recuerdan que, en el pasado, Petro cuestionó bombardeos de gobiernos anteriores precisamente por involucrar menores.
En medio del debate, la Procuraduría confirmó ante los congresistas que adelanta cinco indagaciones preliminares sobre estos hechos. La entidad revisará si la Fuerza Pública cumplió los protocolos de precaución y si hubo fallas de inteligencia o de planeación que pudieron aumentar el riesgo para niños y adolescentes. Las conclusiones de esas investigaciones serán seguidas de cerca por la opinión pública, especialmente en ciudades como Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, donde la discusión sobre seguridad y respeto a los derechos humanos ha ganado relevancia en los últimos años.
Analistas consultados por medios nacionales han advertido que la forma en que el Gobierno maneje este debate tendrá impacto electoral y territorial: una narrativa centrada solo en resultados militares, sin reconocer plenamente el costo humano, podría distanciar a comunidades rurales y urbanas que esperaban un enfoque distinto frente al conflicto. Por el contrario, un ajuste de protocolos, una comunicación transparente de cifras y un diálogo directo con las regiones afectadas podría mitigar el desgaste y reforzar la legitimidad de la política de seguridad.
Con el Congreso de la República convertido en escenario principal de la discusión sobre los bombardeos del gobierno Petro y la muerte de menores en operaciones militares, la presión aumenta para que el Ejecutivo entregue explicaciones claras y revise sus protocolos. En las próximas semanas, lo que ocurra en el Capitolio y en los despachos de la Procuraduría será decisivo para definir si el país avanza hacia una política de seguridad que combine resultados operacionales con una protección efectiva de los derechos de la niñez en todas las regiones de Colombia.