La estrategia busca reducir riesgos de intervención militar y de un nuevo flujo migratorio hacia el territorio colombiano
La Cancillería colombiana confirmó que el país apoyará un plan de transición en Venezuela que implicaría la salida de Nicolás Maduro del poder y la instalación de un gobierno temporal encargado de organizar nuevas elecciones. El anuncio, realizado por la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio, define con mayor claridad la postura de Bogotá frente a la crisis del vecino país y se suma a los esfuerzos diplomáticos que desde hace meses se adelantan en distintos escenarios multilaterales para buscar una salida política y no militar al conflicto venezolano.
De acuerdo con la canciller, la viabilidad del plan pasa por ofrecer garantías jurídicas a Maduro, incluida la posibilidad de que no enfrente procesos penales inmediatos ni termine en prisión al abandonar el cargo. Esta condición, que genera debate en la opinión pública, es interpretada por el gobierno colombiano como un incentivo necesario para desactivar resistencias dentro del círculo cercano al presidente venezolano. Al mismo tiempo, Bogotá ha insistido en que cualquier fórmula debe ser discutida con la oposición y acompañada por la comunidad internacional para evitar percepciones de imposición externa.
En el ámbito regional, la decisión está en línea con las posiciones que han expresado mandatarios como Gustavo Petro y Luiz Inácio Lula da Silva, quienes han respaldado la idea de convocar nuevas elecciones tras las denuncias de fraude en los comicios de 2024. Sin embargo, el plan colombiano introduce un elemento adicional: plantea un relevo temporal del poder que dejaría a Maduro por fuera de la conducción del proceso electoral, con el objetivo de garantizar condiciones más equilibradas para todos los sectores.
En términos de seguridad, Colombia ha advertido que una intervención militar encabezada por Estados Unidos, en el marco de la lucha contra el narcotráfico, podría tener consecuencias graves para la estabilidad de la región y, en particular, para los departamentos fronterizos colombianos. El despliegue de buques de guerra y aviones estadounidenses en el Caribe, sumado a las amenazas de Donald Trump, ha llevado a que el Ministerio de Relaciones Exteriores privilegie canales diplomáticos y dialogue tanto con Caracas como con Washington, a fin de reducir el riesgo de una escalada.
El componente migratorio también pesa en la ecuación. Colombia alberga hoy a cerca de tres millones de ciudadanos venezolanos, cifra que representa uno de los mayores desafíos sociales para el Estado y para las administraciones locales. La posibilidad de un nuevo éxodo, derivado de un conflicto armado o de un colapso institucional en Venezuela, preocupa a alcaldes y gobernadores, especialmente en Norte de Santander, La Guajira, Cesar, Arauca y Santander, donde el impacto en empleo, salud y educación ha sido especialmente visible.
Desde Bogotá, analistas señalan que la apuesta por una transición negociada podría reforzar el papel de Colombia como mediador regional, pero también implica costos en su relación con Estados Unidos, que mantiene una postura más dura frente a Maduro. El gobierno Petro ha manifestado que su prioridad es proteger la paz en la región y la estabilidad de la frontera, aun cuando esto supone asumir posiciones que no coinciden plenamente con las de Washington. Mientras tanto, la oposición colombiana advierte sobre el riesgo de que el país quede “mal ubicado” si el plan no prospera o si el chavismo incumple lo pactado.
En el plano interno, la Cancillería ha comenzado a socializar los alcances de la propuesta con distintos sectores políticos y con organizaciones que trabajan con población migrante, con el propósito de construir consensos mínimos y evitar que la política exterior sea leída solo en clave de confrontación partidista. Para los gobiernos locales y las comunidades que viven cerca de la frontera, el desenlace de este plan tendrá efectos directos sobre la seguridad, la economía y la convivencia en sus territorios, por lo que piden que su voz sea tenida en cuenta en el diseño de la estrategia.
La aclaración de la postura de Colombia frente a la transición en Venezuela, a través del respaldo a un plan que contempla garantías para Nicolás Maduro y la creación de un gobierno temporal, reconfigura la política exterior del país y su relación con Caracas y Washington. Para las regiones fronterizas y las ciudades que han recibido a millones de venezolanos, el éxito de esta estrategia será clave para reducir la presión migratoria y fortalecer la estabilidad local, mientras la comunidad internacional sigue de cerca los avances hacia unas elecciones libres en Venezuela.