Inversión de 16,5 billones bajo lupa fiscalizadora
Las autoridades fiscales colombianas intensificaron la supervisión sobre una de las inversiones militares más significativas de la historia reciente del país. El órgano de control solicitó al Ministerio de Defensa de Colombia entregar documentación completa sobre la adquisición de aeronaves de combate que reemplazarán equipos en servicio desde hace cuatro décadas.
La Contraloría General de la República colombiana requirió al ministro Pedro Sánchez presentar todos los documentos relacionados con el contrato firmado con la empresa sueca Saab para la compra de 17 aviones Gripen E. Esta operación representa una inversión de 16,5 billones de pesos colombianos, convirtiéndose en uno de los contratos más grandes del sector defensa en Colombia.
El requerimiento llega en momentos donde diferentes sectores de la sociedad colombiana cuestionan la transparencia del proceso que llevó a elegir las aeronaves nórdicas sobre otras opciones evaluadas. El debate en Colombia sobre esta adquisición se ha intensificado en las últimas semanas, generando posiciones divididas entre expertos en defensa, políticos y analistas económicos.
La Contraloría colombiana emitió una comunicación oficial donde especifica que necesita revisar la totalidad del expediente contractual. El documento incluye solicitud de informes sobre las alternativas evaluadas por Colombia antes de decidirse por los aviones Gripen, así como los soportes técnicos, legales y económicos que fundamentaron esta decisión sobre las propuestas competidoras de Estados Unidos y Francia.
El órgano fiscalizador colombiano enfatizó que la reserva de información no es aplicable cuando se trata de control fiscal en Colombia. La Contraloría citó el artículo 267 de la Constitución Política de Colombia, que establece el control preventivo y concomitante en tiempo real sobre la ejecución de recursos públicos colombianos.
El ministro de Defensa de Colombia, general retirado Pedro Sánchez, respondió a los cuestionamientos defendiendo la legalidad del proceso. A la salida del Congreso de la República en Bogotá, Sánchez aseguró que más de cien militares de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y civiles del Ministerio de Defensa participaron en el proceso de evaluación.
El funcionario colombiano detalló que la operación contó con participación de firma especializada de abogados en Colombia, además de comités técnicos, económicos y jurídicos. También participaron directamente representantes de la empresa sueca Saab y del gobierno de Suecia, agregando capas de supervisión internacional al proceso colombiano.
Respecto a los aspectos financieros del contrato colombiano, el ministro Sánchez explicó que se suscribió por 3.135 millones de euros. Al convertir este monto a pesos colombianos y considerar el plazo de pago de siete años, se apropió la cifra de 16,5 billones para cubrir posibles variaciones cambiarias que afecten a Colombia.
El cronograma de entregas a Colombia se extenderá entre 2026 y 2032, según lo anunciado por el presidente Gustavo Petro durante ceremonia en la Base Aérea Marco Fidel Suárez en Cali, Colombia. Los aviones Gripen reemplazarán en Colombia a los obsoletos Kfir adquiridos en la década de 1980.
El contrato firmado por Colombia contempla transferencia tecnológica que podría beneficiar regiones del país como La Guajira. Según autoridades colombianas, el acuerdo incluye posibilidad de producir localmente paneles solares de alta tecnología, lo que representaría desarrollo industrial significativo para Colombia en sectores estratégicos.
La modernización de las capacidades aéreas de Colombia representa un desafío técnico y financiero de gran magnitud. La incorporación de los aviones Gripen E a la Fuerza Aeroespacial Colombiana marcará un salto tecnológico importante después de décadas operando con equipos obsoletos que han requerido costosos programas de extensión de vida útil.
El escrutinio fiscal sobre esta adquisición en Colombia continuará durante las próximas semanas conforme la Contraloría revise la documentación solicitada. La transparencia en el manejo de esta inversión será determinante para la confianza pública en las instituciones colombianas y podría sentar precedentes sobre cómo Colombia maneja futuras adquisiciones militares de gran escala.