Échele Cabeza y ATS en el centro polémico
En Colombia, específicamente en círculos de organizaciones dedicadas a derechos humanos y política de drogas, una denuncia ha generado conmoción. Julián Quintero, nombre reconocido por fundar Échele Cabeza —organización pionera en reducción de daños— y dirigir la Corporación Acción Técnica Social, enfrenta acusaciones públicas de violencia sexual por parte de la investigadora Yarelix Estrada.
Los hechos denunciados habrían ocurrido en territorio colombiano durante julio de 2025, en una fiesta donde, según Estrada, Quintero aprovechó su estado de vulnerabilidad. La investigadora, quien ha colaborado en múltiples proyectos con organizaciones nacionales, decidió hacer pública su experiencia ante la respuesta que recibió al confrontar privadamente la situación.
La reacción del sector social colombiano ha sido contundente. Organizaciones con presencia nacional e internacional como Dejusticia, Temblores ONG y la Fundación Ideas para la Paz han suspendido colaboraciones con Quintero. En Bogotá, sede de muchas de estas entidades, el caso se ha convertido en tema de conversación obligado sobre violencias en espacios profesionales.
Échele Cabeza, la organización fundada por Quintero, es reconocida en Colombia y Latinoamérica por su trabajo innovador en análisis de sustancias psicoactivas y reducción de riesgos asociados al consumo. Con presencia en festivales musicales y eventos culturales del país, la ONG construyó una reputación de vanguardia en políticas de drogas. Esta denuncia pone en entredicho no solo a su fundador, sino el trabajo de años.
La Corporación Acción Técnica Social, con sede en Bogotá, ha sido activa en investigación sobre política de drogas, derechos humanos y desarrollo social en Colombia. Quintero ocupaba hasta hace poco la dirección ejecutiva, posición desde la cual lideraba proyectos con alcance nacional. La decisión de la ATS de retirarlo del cargo marca un precedente en cómo organizaciones colombianas manejan denuncias internas.
Yarelix Estrada es una investigadora con trabajo documentado en temas de género, derechos y política social en Colombia. Su trayectoria en el sector la convierte en una voz respetada en círculos académicos y activistas del país. La decisión de hacer pública su denuncia, en un contexto colombiano donde las víctimas de violencia sexual enfrentan múltiples barreras, refleja tanto valentía como frustración con sistemas formales.
La respuesta de organizaciones colombianas ha sido coordinada y rápida. Dejusticia, ONG bogotana especializada en derechos humanos y justicia, emitió comunicado junto a Temblores, conocida por su trabajo en protesta social y violencia policial en Colombia. La Fundación Ideas para la Paz, con influencia en políticas públicas colombianas, también se sumó al pronunciamiento colectivo.
Estas organizaciones, todas con presencia significativa en Bogotá y proyección nacional, han colaborado previamente con Quintero en investigaciones, eventos y proyectos. La suspensión de colaboraciones representa no solo una medida disciplinaria, sino un mensaje al ecosistema de organizaciones sociales en Colombia sobre estándares esperados de comportamiento en liderazgos.
El caso se desarrolla en un momento particular para Colombia. El país ha vivido en años recientes un aumento en denuncias públicas de violencia sexual, con movimientos como #MeToo Colombia y colectivos feministas ganando visibilidad. Sin embargo, las cifras oficiales muestran que la mayoría de casos no llegan a denuncia formal por desconfianza en el sistema judicial colombiano.
La decisión de Quintero de anunciar acciones judiciales también es significativa en el contexto colombiano. El sistema legal del país permite tanto demandas por calumnia como procesos por violencia sexual. El desarrollo de estas posibles acciones legales se verá influenciado por las particularidades del sistema judicial colombiano, conocido por su lentitud y complejidad.
La comunidad de organizaciones sociales en Colombia, particularmente concentrada en Bogotá, enfrenta ahora una reflexión incómoda. Espacios que trabajan por justicia social deben garantizar justicia interna. El precedente que se establezca con este caso influirá en cómo futuras denuncias son manejadas en el sector colombiano.
Para Colombia, este caso representa más que una controversia individual. Es un espejo que refleja desafíos estructurales: la cultura de violencias normalizadas, las dificultades del sistema judicial, las barreras que enfrentan denunciantes, y la necesidad de espacios laborales seguros. El desarrollo de las investigaciones y sus resultados serán observados de cerca por un sector social colombiano que busca coherencia entre sus principios declarados y sus prácticas internas. La pregunta que queda es si este momento generará transformaciones reales o se diluirá en el ciclo noticioso.