El eventual castigo llega en un momento de alta tensión política interna y de complejas necesidades fiscales para el país
En Bogotá, los altos mandos militares y los equipos del Ministerio de Defensa siguen con preocupación las noticias que llegan desde Washington sobre la posible retirada a Colombia del estatus de Aliado Mayor Extra-Otán. Aunque la decisión se tomaría a miles de kilómetros, sus efectos se sentirían en bases, comandos conjuntos y brigadas desplegadas en territorios críticos como el Caribe, el Pacífico, Catatumbo o el sur del país, donde buena parte de la capacidad operativa se apoya en equipos, entrenamiento y apoyo técnico facilitados por Estados Unidos.
Para la opinión pública, la expresión “Aliado Mayor Extra-Otán” puede sonar lejana, pero en la práctica ha significado mejores condiciones de acceso a excedentes militares, participación en programas de investigación y desarrollo, posibilidad de almacenar material estratégico en el territorio y facilidades para obtener financiación orientada a proyectos de seguridad. Desaparecer de esa lista no implicaría cortar de tajo la cooperación, pero sí recortaría ventajas frente a otros países que compiten por el mismo tipo de recursos.
En los últimos años, varios programas financiados con apoyo estadounidense han estado ligados a la modernización de capacidades en inteligencia, vigilancia aérea y fluvial, y entrenamiento de unidades especializadas que operan en zonas urbanas y rurales del país. Alcaldes, gobernadores y autoridades regionales han destacado ese acompañamiento en escenarios como consejos de seguridad y planes integrales contra el crimen organizado. La incertidumbre sobre el futuro del estatus especial llega, además, en un momento de estrechez fiscal para el Estado colombiano.
El debate se da en medio de una relación política marcada por choques entre el gobierno Petro y la administración Trump. La descertificación en materia de drogas, la reducción de ayudas, las sanciones personales y las amenazas de aranceles comerciales hacen parte de un clima que ha complicado la interlocución. Para sectores empresariales, académicos y políticos de la capital, el retiro del estatus sería la confirmación de que Colombia ha dejado de estar en la primera fila de prioridades de Washington.
En barrios y municipios donde el Estado colombiano enfrenta a organizaciones armadas, la discusión parece lejana, pero sus efectos no lo son tanto. Menos recursos para cooperación pueden traducirse en demoras en la renovación de equipos, menores capacidades técnicas y un menor margen de maniobra para sostener operaciones simultáneas en varios frentes. De ahí que analistas de seguridad adviertan que la eventual salida del régimen MNNA debería ir acompañada de un plan claro para suplir esos vacíos con recursos propios o nuevos socios.
Desde el gobierno, la narrativa ha buscado resaltar que la política exterior colombiana no puede estar supeditada a un solo actor y que el país debe diversificar sus alianzas. No obstante, incluso voces cercanas al petrismo reconocen que, por tamaño de la economía, volumen de comercio, cooperación en seguridad y número de connacionales en territorio estadounidense, la relación con Washington sigue siendo insustituible. La pregunta es si es posible sostenerla en medio de un enfrentamiento político tan abierto.
En las calles de ciudades como Bogotá, Medellín, Cali o Barranquilla, el tema aparece entreverado con otras preocupaciones, desde el empleo hasta la seguridad urbana. Pero conforme avanza el debate, crece la comprensión de que las decisiones que se tomen en la Casa Blanca pueden tener efectos concretos en la vida cotidiana de los colombianos, desde la lucha contra el crimen transnacional hasta la estabilidad del tipo de cambio y el atractivo del país para la inversión extranjera.
Si el gobierno de Trump concreta la retirada del estatus de Aliado Mayor Extra-Otán, Colombia deberá responder con una estrategia integral que proteja sus capacidades de defensa, mantenga abiertos los canales de cooperación y envíe un mensaje de estabilidad a inversionistas y socios internacionales. En un escenario de alta tensión política, el reto será evitar que el costo de la confrontación entre gobiernos termine pagándolo la seguridad y el desarrollo de las regiones colombianas.