Clan del Golfo pierde millonaria maquinaria en Antioquia
El amanecer del municipio de Cáceres, en la subregión del Bajo Cauca antioqueño, fue escenario de una operación militar de gran envergadura. Tropas del Ejército Nacional ingresaron a la vereda Puerto Santo, zona rural caracterizada por su difícil acceso y marcada presencia de actividades mineras ilegales, donde localizaron ocho unidades productoras que funcionaban sin autorización ambiental ni permisos legales.
La imagen era contundente: cinco excavadoras de alto tonelaje, maquinaria pesada avaluada en millones de pesos, operaban en medio de la selva antioqueña removiendo toneladas de tierra diariamente. A su alrededor, un complejo sistema de motores industriales, bombas de agua, clasificadoras mecánicas y kilómetros de mangueras configuraban una verdadera industria extractiva clandestina que, según autoridades, pertenecería al Grupo Armado Organizado Clan del Golfo.
La destrucción controlada de los equipos, con valor superior a 3.000 millones de pesos, marca un capítulo más en la lucha contra la explotación ilícita de recursos minerales en esta región de Antioquia, territorio históricamente disputado por su riqueza aurífera y su ubicación estratégica entre las subregiones de Bajo Cauca, Nordeste y la zona del Magdalena Medio antioqueño.
El operativo en la jurisdicción de Cáceres no fue casualidad. Este municipio antioqueño, ubicado a aproximadamente 320 kilómetros de Medellín por carretera, ha sido identificado por autoridades como uno de los epicentros de minería ilegal en el departamento. Su geografía selvática, con ríos caudalosos y depósitos aluviales ricos en oro, atrae desde hace décadas tanto a mineros artesanales como a estructuras criminales organizadas.
El Batallón de Infantería Liviana N.° 31 Rifles, con sede en la región del Bajo Cauca, lideró la incursión militar junto con la Brigada contra la Minería Ilegal del Ejército Nacional. Estas unidades especializadas conocen el territorio: los caminos de herradura que conectan veredas, los ríos navegables que sirven como vías de penetración, las zonas de difícil acceso donde se esconde la maquinaria pesada.
En Puerto Santo, los soldados encontraron las cinco excavadoras distribuidas en diferentes puntos de la vereda, cada una con su respectivo operador y equipo de trabajo. Los tres motores industriales de alta potencia y las tres motobombas conformaban el sistema de procesamiento que permitía lavar el material extraído utilizando agua de quebradas y ríos cercanos, práctica que deteriora gravemente los ecosistemas acuáticos de la región.
Las cinco clasificadoras halladas son equipos que pocas operaciones mineras artesanales pueden costear. Su presencia confirma la industrialización de la extracción ilegal en el Bajo Cauca antioqueño. Estos aparatos, que pueden procesar varias toneladas de material por hora, representan inversiones que solo estructuras criminales con flujo de capital considerable pueden sostener y mantener operativas en zonas tan apartadas.
Los 1.600 metros de manguera negra encontrados serpentean por la geografía de Puerto Santo conectando fuentes de agua con los sistemas de lavado. Este tipo de infraestructura hidráulica evidencia operaciones de mediano y largo plazo, no se trata de explotaciones temporales sino de instalaciones diseñadas para funcionar de manera continua durante meses o años.
La cantidad de combustible ACPM incautada, 1.360 galones, representa un desafío logístico considerable en zona rural. Transportar más de cinco mil litros de combustible por caminos precarios hasta la vereda Puerto Santo requiere vehículos de carga, rutas establecidas y complicidad de redes de transporte. Cada galón de ese combustible financia no solo la operación minera sino toda la cadena criminal que la hace posible.
El trabajo del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación en el lugar de los hechos busca establecer responsabilidades penales. Los investigadores documentan las condiciones de explotación, la magnitud del daño ambiental en Cáceres, y recopilan evidencias sobre las redes de comercialización del oro extraído ilegalmente en esta zona de Antioquia.
Esta no es la primera vez que el municipio de Cáceres aparece en informes militares sobre minería ilegal. Hace menos de un mes, en la vereda San Lorenzo, también en jurisdicción de este municipio del Bajo Cauca, otra operación militar intervino cuatro unidades mineras con maquinaria por mil millones de pesos. Esa intervención evidenció capacidad de producción de 12.000 gramos de oro mensual, ingresos ilegales de cinco mil millones de pesos que fluían hacia estructuras criminales.
La persistencia de operaciones militares en Cáceres y municipios vecinos del Bajo Cauca antioqueño como Caucasia, Tarazá, Zaragoza y El Bagre refleja una estrategia sostenida contra la minería ilegal. Sin embargo, el verdadero cambio en esta subregión de Antioquia solo llegará cuando las intervenciones militares se complementen con presencia institucional permanente, programas de desarrollo alternativo para comunidades rurales y control efectivo sobre la comercialización de minerales en todo el departamento.