La víctima es una trabajadora social de 25 años que vivía con el comandante de la Estación de Policía
La Fiscalía General de la Nación adelanta una investigación para esclarecer la muerte de Liliana Cruz, una joven trabajadora social de 25 años que falleció en el municipio de Chiscas, Boyacá, a causa del disparo de un fusil de dotación. El arma estaba en manos de su esposo, el subteniente Haminton Ruiz, quien se desempeña como comandante de la Estación de Policía del municipio. Los hechos ocurrieron en la noche del 19 de noviembre y desde entonces el caso ha generado atención nacional.
Según el relato del abogado Diego Cocunubo, defensor del oficial, el suceso correspondería a un accidente derivado de un error en la manipulación del fusil tipo Galil, asignado a Ruiz en el marco de labores de seguridad en la zona. La defensa sostiene que el uniformado no tenía intención de causar daño y que el arma se accionó de manera involuntaria, impactando a la mujer. Esta tesis se soporta en la ausencia de antecedentes de violencia intrafamiliar registrados en la pareja, aunque esa información también está siendo verificada por las autoridades competentes.
Uno de los aspectos que investiga la Fiscalía es el escenario donde se produjo el disparo. Algunas versiones iniciales apuntaban a que el hecho se habría registrado en un establecimiento de comidas rápidas del municipio; sin embargo, el abogado del subteniente afirma que la tragedia ocurrió dentro de la casa donde vivía la pareja, cerca de la Estación de Policía. Para resolver esta discrepancia, los investigadores analizan testimonios, posibles registros de cámaras y otros elementos materiales probatorios recogidos en la zona.
La investigación también contempla el contexto de seguridad en el que se encontraba Chiscas ese día. De acuerdo con la información divulgada por medios regionales, horas antes se habría producido un supuesto hostigamiento contra el Batallón de Alta Montaña Nº 2, lo que llevó a reforzar las medidas de vigilancia y a mantener a los uniformados en máxima alerta. Los peritos deben determinar si esa situación justificaba que el fusil estuviera cargado y bajo qué condiciones fue trasladado y manipulado en el espacio donde se encontraba Liliana.
Después del disparo, el subteniente Ruiz intentó trasladar rápidamente a su esposa hasta el centro de salud del municipio en una patrulla policial. No obstante, en el trayecto sufrió un accidente de tránsito al perder el control del vehículo, que terminó volcado. Pese a este incidente, la mujer fue llevada al hospital de Chiscas, donde los médicos confirmaron su fallecimiento. El informe forense, junto con los dictámenes balísticos sobre el arma, será determinante para la reconstrucción técnica de los hechos.
En medio del proceso judicial, la comunidad de Chiscas y otros municipios de Boyacá han expresado su solidaridad con la familia de la víctima. La Alcaldía de Ramiriquí emitió un mensaje de condolencias destacando el trabajo de Liliana como profesional de lo social, mientras que en el municipio donde ocurrieron los hechos se han realizado actos de homenaje. Al mismo tiempo, organizaciones de mujeres y defensores de derechos humanos han pedido que la investigación tenga un enfoque de género y se realice sin presiones institucionales.
La Fiscalía deberá definir en las próximas etapas si formula cargos por homicidio culposo, como plantea la defensa, o si encuentra elementos para tipificar un feminicidio, lo que implicaría una mayor gravedad penal. Por ahora, el expediente continúa en fase de recolección de pruebas, mientras el subteniente permanece a disposición de la justicia. El desenlace judicial del caso podría marcar un precedente sobre la responsabilidad de los miembros de la Fuerza Pública cuando el uso de sus armas de dotación tiene consecuencias mortales en espacios privados.
El proceso por la muerte de Liliana Cruz en Chiscas se mantiene bajo la atención de la opinión pública y de las organizaciones de derechos humanos, que siguen de cerca las decisiones de la Fiscalía en Boyacá. La definición sobre si se trató de un homicidio culposo o de un feminicidio será clave para fijar responsabilidades y enviar un mensaje sobre el uso de armas de dotación por parte de la Fuerza Pública. En un país marcado por la violencia, este caso refuerza la necesidad de controles rigurosos y de una justicia que garantice verdad y reparación para las víctimas y sus familias.