Censura impide que venezolanos expresen su verdad
Detrás de las cifras y los análisis políticos existe una realidad humana devastadora que motivó el pronunciamiento del Frente Institucional Militar. Los 231 oficiales retirados que firman el comunicado no solo hablan de estadísticas o procedimientos electorales: hablan de compatriotas que sufren hambre, de familias separadas por la migración forzada y de personas encarceladas por pensar diferente.
El documento refleja la angustia de quienes dedicaron sus vidas al servicio militar y ahora observan cómo el país que juraron defender se desmorona ante sus ojos. Estos militares conocen personalmente a muchas de las personas afectadas por la crisis: son sus vecinos, sus familiares, los hijos de sus antiguos compañeros de armas. El llamado a la transición democrática surge de esta conexión profunda con el dolor colectivo.
Las palabras del comunicado resuenan con particular intensidad cuando mencionan a los presos políticos sometidos a torturas y humillaciones. Muchos de estos detenidos son también militares, personas que compartieron aulas en academias militares y misiones en unidades operativas. La traición a estos vínculos humanos fundamentales representa, para los firmantes del documento, una ruptura intolerable de los valores que deben guiar a cualquier institución militar.
María vive en un barrio de Caracas donde el agua llega una vez por semana, si hay suerte. Como millones de venezolanos, debe levantarse a las cuatro de la madrugada para llenar recipientes cuando escucha el ruido del líquido en las tuberías. Esta realidad cotidiana, multiplicada por millones, es parte de lo que el Frente Institucional Militar describe como vivir “sin servicios”. No es una abstracción política: es la vida diaria de personas reales que merecen dignidad básica.
En los centros de detención mencionados por los oficiales retirados, hay historias que rompen el corazón. Jóvenes estudiantes detenidos por participar en protestas pacíficas, trabajadores encarcelados por expresar críticas al gobierno en redes sociales, activistas comunitarios desaparecidos durante días sin que sus familias sepan su paradero. El comunicado habla de un millar de presos políticos, pero cada número representa una persona con nombre, historia, familia y sueños truncados por la represión.
Los militares del Plan República que presenciaron directamente el proceso electoral del 28 de julio cargan con un peso moral particular. Ellos vieron cómo los ciudadanos hacían filas bajo el sol, a veces durante horas, para ejercer su derecho al voto. Observaron la esperanza en los ojos de ancianos que quizás votaban por última vez, de jóvenes que depositaban en las urnas sus aspiraciones de futuro. Conocen la verdad de lo ocurrido ese día y ahora enfrentan el dilema de permanecer en silencio o alzar la voz.
Las familias venezolanas enfrentan decisiones desgarradoras diariamente. Padres que deben elegir entre comprar medicinas o alimentos, profesionales que abandonan carreras construidas durante décadas para trabajar en empleos básicos que al menos les permitan comer. La frase “vivir con hambre” del comunicado militar no es retórica: describe la realidad de hogares donde se hace una sola comida al día, donde los niños van a la escuela sin desayunar, donde los ancianos dependen de la caridad de vecinos que también luchan por sobrevivir.
La censura denunciada por el Frente Institucional Militar tiene rostros concretos. Periodistas que han perdido sus empleos por investigar corrupción, blogueros amenazados por publicar información incómoda, ciudadanos comunes que autocensuran sus opiniones por temor a represalias. Esta atmósfera de miedo transforma la vida cotidiana en un ejercicio constante de precaución, donde las conversaciones espontáneas desaparecen y las personas deben medir cada palabra antes de pronunciarla.
Los oficiales retirados que firman el comunicado también son víctimas de esta crisis. Muchos reciben pensiones que no alcanzan para cubrir necesidades básicas, obligándolos a depender de familiares en el extranjero o a buscar trabajos informales en la tercera edad. Han visto cómo instituciones a las que dedicaron décadas de servicio se transforman en instrumentos de represión. El dolor de este testimonio proviene no solo de lo que observan en la sociedad sino también de lo que experimentan personalmente.
La referencia final del comunicado a la “voluntad del Soberano” remite al concepto más fundamental de la democracia: el respeto a las decisiones de las personas. Más allá de disputas legales o interpretaciones constitucionales, los militares retirados están pidiendo que se honre algo muy simple y humano: el derecho de cada venezolano a que su voto cuente, a que su opinión importe, a ser tratado como ciudadano y no como súbdito. Este llamado conecta con la dignidad esencial que todo ser humano merece y que ha sido sistemáticamente negada a millones de venezolanos.
El pronunciamiento del Frente Institucional Militar trasciende la política para tocar fibras profundamente humanas. Estos militares retirados no están haciendo un cálculo estratégico ni buscando ventajas políticas: están expresando la angustia de quienes ya no pueden permanecer en silencio mientras sus compatriotas sufren. Su llamado es, en esencia, un grito de dolor por un país que agoniza y por millones de personas cuyas vidas han sido destruidas por decisiones que pudieron evitarse.
La historia recordará este momento no por las declaraciones oficiales o los comunicados diplomáticos, sino por las historias individuales de sufrimiento y resistencia. Las madres que buscan a sus hijos desaparecidos, los ancianos que mueren por falta de medicinas, los jóvenes que pierden sus mejores años en prisiones injustas: estas son las verdaderas víctimas de la intransigencia denunciada por los oficiales retirados. Su llamado a la transición democrática es, fundamentalmente, un llamado a recuperar la humanidad que se ha perdido en medio de la crisis política.