UIAF alertó sobre patrimonio de Bernardo Forero
En las oficinas centrales de Ecopetrol en Bogotá, un sobre con información confidencial llegó en febrero de 2024 al escritorio del presidente Ricardo Roa. El remitente era la Unidad de Información y Análisis Financiero, y el contenido revelaba algo inquietante: el patrimonio del vicepresidente regional Bernardo Enrique Forero Duarte había crecido siete mil millones de pesos sin explicación clara.
Ese documento no llegó solo. Junto a las cifras actualizadas venían antecedentes que databan de 2016, cuando la firma internacional FTI Consulting había alertado sobre enriquecimiento sin justa causa del mismo funcionario. Aquella investigación terminó archivada bajo el argumento técnico de prescripción, pero las dudas nunca se disiparon completamente.
Diez meses después, esos papeles seguían esperando respuesta. Hasta que el domingo, el periodista Daniel Coronell reveló públicamente la existencia de estos reportes en su columna, desatando un terremoto político que llegó hasta la Casa de Nariño y obligó al presidente Gustavo Petro a pronunciarse sobre el caso.
La historia de Bernardo Forero en Ecopetrol comenzó en 2006, cuando ingresó a la petrolera estatal más importante de Colombia. Durante casi dos décadas escaló posiciones dentro de la compañía, conoció cada rincón de la operación en campos como Rubiales y Caño Sur, y eventualmente llegó a la vicepresidencia para la región Andina Oriente, un cargo de alta responsabilidad en la estructura organizacional.
Pero en algún punto de ese recorrido, las alarmas comenzaron a sonar. No fueron alarmas ruidosas ni inmediatas, sino señales que aparecían en reportes internos, en investigaciones archivadas, en comentarios susurrados en pasillos corporativos. Reportes de Operaciones Sospechosas que mencionaban su nombre con frecuencia creciente.
La investigación de FTI Consulting en 2016 fue la primera alerta formal y documentada. Los consultores internacionales revisaron movimientos financieros, compararon ingresos declarados con patrimonio acumulado, y llegaron a una conclusión incómoda: había un desfase significativo. El patrimonio crecía más rápido de lo que los salarios podían explicar.
La Gerencia de Asuntos Disciplinarios de Ecopetrol revisó el caso, pero en lugar de profundizar la investigación, tomó la ruta del archivo. La justificación era técnicamente válida: las conductas señaladas habrían prescrito según los plazos legales establecidos. El expediente se cerró, pero las preguntas quedaron flotando en el aire institucional.
Los años pasaron y Forero continuó ascendiendo. Mientras tanto, en ciudades como Neiva, donde Ecopetrol mantiene operaciones significativas, circulaban versiones entre contratistas sobre presiones para obtener contratos. Según los reportes revelados, el esquema era simple pero efectivo: dinero a cambio de favorecimiento en licitaciones abiertas.
Estos rumores eventualmente se formalizaron en nuevos reportes. La UIAF, cumpliendo su función de vigilancia financiera, detectó el incremento patrimonial de siete mil millones y compiló toda la información histórica disponible. En febrero de 2024, el paquete completo aterrizó en el escritorio de Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol desde la administración Petro.
Lo que sucedió después es lo que ha generado mayores interrogantes. Diez meses de silencio institucional. Ningún comunicado, ninguna investigación pública, ninguna medida administrativa visible. Como si el sobre con las alertas de la UIAF se hubiera evaporado en algún archivo corporativo, esperando que el tiempo hiciera su trabajo de olvido.
La revelación periodística de Coronell rompió ese silencio forzado. En cuestión de horas, el caso que permanecía archivado saltó a titulares nacionales. El presidente Petro, desde su cuenta en la red social X, emitió un mensaje directo: si hubo enriquecimiento ilícito, el presidente de Ecopetrol debe actuar. La presión política se activó instantáneamente.
Ahora, en Bogotá, Neiva y cada rincón donde Ecopetrol opera, trabajadores, contratistas y ciudadanos esperan respuestas. El caso de Bernardo Forero dejó de ser un asunto interno para convertirse en una prueba de los mecanismos de control y transparencia en la petrolera más importante de Colombia. Lo que suceda en las próximas semanas definirá si las instituciones funcionan o si las alertas seguirán acumulando polvo en archivos olvidados.