Líderes judíos en Bogotá y Medellín expresan preocupación por la presencia de la comunidad extremista en el país
Tras conocerse el rescate de 17 menores de la comunidad Lev Tahor en Yarumal, organizaciones judías de Colombia difundieron comunicados para aclarar que no tienen ninguna relación con esa agrupación. Voceros de sinagogas en Bogotá y Medellín insistieron en que la comunidad judía organizada en el país es pequeña, diversa y respetuosa de la legislación nacional, y que comparte la preocupación por la seguridad de los niños encontrados en el hotel antioqueño. Su mensaje busca evitar que el caso derive en expresiones de antisemitismo o desinformación sobre el judaísmo.
Los representantes comunitarios explican que Lev Tahor es considerada desde hace años como una comunidad marginal y aislada, cuya interpretación de la ley religiosa difiere tanto de la práctica de la mayoría de los judíos como de las corrientes ortodoxas tradicionales. Señalan que el grupo ha sido cuestionado por autoridades y expertos en varios países por supuestos abusos y por un estilo de vida que rompe con el principio de protección de la niñez, razón por la que siguen con atención lo que ocurra en Colombia.
Especialistas en derecho constitucional consultados por medios nacionales recuerdan que la libertad religiosa está protegida por la Constitución, pero subrayan que este derecho no es absoluto. De acuerdo con ellos, ninguna creencia puede justificar prácticas que vulneren la integridad de niños, niñas y adolescentes, por lo que el Estado está facultado para intervenir cuando existen indicios de maltrato, explotación o secuestro, incluso si los hechos ocurren dentro de comunidades cerradas. La clave, señalan, es que las decisiones se sustenten en evidencias y sigan el debido proceso.
En ese contexto, el operativo en Yarumal se interpreta como una medida de protección más que de persecución religiosa. Migración Colombia ha insistido en que la acción se basó en la presencia de menores con alertas internacionales y en el historial de investigaciones que rodea a la comunidad, no en su origen étnico o en sus creencias. El organismo, además, ha señalado que mantiene controles similares sobre otros grupos extranjeros cuando recibe reportes de posibles riesgos para la niñez.
Para organizaciones de la sociedad civil, el caso ofrece una oportunidad para hablar de diversidad religiosa sin estereotipos. Líderes de otras confesiones han expresado solidaridad con la niñez afectada y han pedido que el debate se centre en la protección de derechos, no en la descalificación de una fe específica. En Antioquia, algunos colectivos han propuesto jornadas pedagógicas en colegios y universidades para explicar el significado de la libertad de culto y los límites que impone la protección de los menores.
El gobierno nacional, por su parte, ha reiterado que acompañará las decisiones de los defensores de familia y de los jueces de infancia y adolescencia que asuman el caso. Funcionarios reconocen que el episodio pone a prueba la capacidad institucional para coordinar acciones entre entidades de migración, cancillería, justicia y bienestar familiar, en un contexto en el que Colombia se consolida como país de tránsito y destino para personas en movilidad de distintas regiones del mundo.
Mientras avanzan las investigaciones, la comunidad judía colombiana insiste en su disposición a colaborar con las autoridades en lo que sea necesario y en promover mensajes de convivencia. Para sus voceros, la forma más efectiva de responder a la polémica es reforzar lazos con la sociedad, abrir espacios de diálogo y visibilizar proyectos de educación y solidaridad que han desarrollado durante años en ciudades como Bogotá, Barranquilla y Medellín. Su propósito es claro: que el caso Lev Tahor no se convierta en una excusa para alimentar prejuicios, sino en un motivo para fortalecer la defensa de la niñez y el respeto mutuo.
La actuación de la comunidad judía colombiana frente al caso Lev Tahor demuestra que es posible defender la libertad religiosa y, al mismo tiempo, respaldar acciones contundentes de protección infantil. En un país cada vez más diverso, el desafío será consolidar mecanismos que permitan identificar a tiempo posibles abusos dentro de grupos cerrados, sin caer en generalizaciones ni discursos de odio. El seguimiento a lo ocurrido en Yarumal será clave para perfilar una política pública que combine tolerancia, prevención y defensa de los derechos de los niños.