El Ministerio de Educación considera el hecho “un ataque directo al derecho a la educación”
En la madrugada del martes 25 de noviembre, la profesora Janeth Rocío Osorio, de la Institución Etnoeducativa Integral Rural Isidro Ibarra Fernández (Uribia, La Guajira), fue privada de su libertad por desconocidos, según información oficial del Ministerio de Educación Nacional.
El procedimiento delictivo habría consistido en la entrada de hombres armados a la vivienda de la docente, la intimidación de los presentes y la utilización del vehículo de la maestra para llevarla con rumbo desconocido.
El Ministerio de Educación emitió un comunicado en el cual rechazó el hecho como una “grave vulneración a los derechos fundamentales” y lo calificó como “un crimen de lesa humanidad”. Se exigió la liberación inmediata, incondicional e íntegra de la docente.
Las autoridades competentes —la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el Gaula Militar— fueron instadas a desplegar todos sus recursos de inteligencia e investigación para ubicar a la profesora Osorio y llevar ante la justicia a los responsables materiales e intelectuales.
Por su parte, la comunidad educativa se encuentra movilizada. El sindicado Fecode (Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación) publicó pronunciamiento de rechazo y solidaridad, y pidió garantías para los maestros en el territorio.
El suceso ocurre en una región con antecedentes de violencia, lo que pone de relieve la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección del personal docente en zonas rurales y remotas, así como revisar los protocolos de seguridad en entornos educativos vulnerables.
Este hecho representa no sólo un incidente criminal, sino un riesgo institucional para el derecho a la educación en Colombia. Su impacto se mide tanto en la persona retenida como en el ecosistema educativo de La Guajira.
El secuestro de la profesora Janeth Osorio en Uribia (La Guajira) es una alerta para el sistema educativo y de seguridad en Colombia. El Ministerio de Educación exige su liberación y llama a reforzar los mecanismos de protección docente en zonas vulnerables. Este caso debe servir como punto de inflexión para garantizar la enseñanza en un entorno seguro y digno.