La decisión impacta instituciones en Bogotá y el país
El Consejo Nacional Electoral, con sede en la capital colombiana, revisó durante meses la información contable de la campaña Petro Presidente 2022-2026. El trabajo de los magistrados investigadores Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada desembocó en una ponencia que señalaba exceso en los topes de financiación autorizados por la ley. La sala plena, reunida en Bogotá, convirtió esa ponencia en decisión oficial al aprobarla con mayoría absoluta tras menos de una hora de deliberación.
La sesión definitiva se produjo después de que, el jueves 13 de noviembre, cinco magistrados hubieran expresado su respaldo a la ponencia sin lograr todavía la mayoría requerida. La recusación de la magistrada Alba Lucía Velásquez —por su papel como testigo electoral del Pacto Histórico— y el impedimento del magistrado Álvaro Echeverry —por haber trabajado como abogado de la campaña del Pacto— habían dejado en pausa el pronunciamiento del organismo. Ante esta situación, fue necesario llamar a conjueces para destrabar el caso.
Desde el corazón del poder electoral en Colombia, la votación final reunió a los magistrados ponentes y a representantes de varias fuerzas políticas: Maritza Martínez, Altus Baquero y Alfonso Campos. A ellos se sumó el conjuez Majer Abushihab, mientras que el conjuez Iván Acuña votó en contra. Esta combinación de apoyos y disensos refleja la diversidad de criterios al interior del CNE, un organismo que suele ser escenario de tensiones entre partidos y coaliciones.
El fallo no solo se traduce en una multa de 5.922 millones de pesos para la campaña, sino que activa una cadena de actuaciones institucionales. En el ámbito penal, la Fiscalía General de la Nación, con sede principal también en Bogotá, deberá estudiar si las conductas atribuidas a Ricardo Roa configuran delitos relacionados con financiación con fuentes prohibidas, violación de topes y posible fraude procesal. Este análisis pondrá a prueba la coordinación entre el CNE y el ente acusador en materia de control electoral.
En el terreno político, la remisión del expediente a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes abre un frente adicional. Esa Comisión, con sede en el Congreso de la República en Bogotá, es el juez natural del presidente y tendrá que valorar el material enviado dentro del proceso con radicado 5914. Aunque su historial ha sido objeto de críticas, la llegada de un caso de esta magnitud la ubicará de nuevo en el centro del debate público.
Para las instituciones del Estado colombiano, este caso se convierte en un examen sobre la capacidad de vigilar campañas que hoy gobiernan desde la Casa de Nariño. El mensaje del CNE apunta a reforzar la idea de que los topes electorales no son una formalidad, sino una herramienta para garantizar equidad y transparencia, tanto en Bogotá como en las regiones donde se disputan los votos.
A nivel ciudadano, la decisión alimenta las discusiones sobre la financiación política en Colombia y la confianza en las autoridades de control. En un contexto de alta polarización, la sanción a la campaña Petro Presidente se seguirá leyendo no solo como un asunto técnico, sino como un hito en la relación entre el Gobierno, los organismos de control y la opinión pública.
Desde Bogotá, el fallo del CNE contra la campaña Petro Presidente envía un mensaje al resto del país: la financiación electoral está bajo la lupa y las campañas, incluso las ganadoras, pueden enfrentar multas millonarias y escrutinio penal. La coordinación entre el Consejo Nacional Electoral, la Fiscalía y la Comisión de Acusación será clave para determinar el alcance real de esta sanción en el sistema político colombiano.
De cara a las próximas elecciones locales y nacionales, el caso se convierte en referencia para candidatos, partidos y ciudadanos que reclaman reglas claras y vigilancia efectiva. Lo que ocurra con el expediente remitido desde el CNE marcará la discusión sobre transparencia y topes electorales en Colombia, y definirá parte del rumbo institucional en los próximos años.