Bogotá investiga filtración desde altos mandos militares
En Colombia, un escándalo de dimensiones sin precedentes sacude las instituciones de seguridad nacional. La Procuraduría General ordenó la suspensión por tres meses del general Juan Miguel Huertas, director del Comando de Personal del Ejército, y de Wílmar Mejía, director de Inteligencia de la DNI, por su presunta participación en la filtración de información clasificada a disidencias de las FARC. El caso, revelado tras la captura de alias Calarcá en Antioquia, expone vulnerabilidades críticas en los sistemas de inteligencia del país.
Los hechos se desencadenaron cuando alias Calarcá, cabecilla de una disidencia de las FARC, fue capturado mientras se desplazaba entre los municipios antioqueños de Anorí y Medellín. El operativo permitió incautar dispositivos electrónicos que contenían información comprometedora sobre funcionarios de alto rango. Los archivos revelados por Noticias Caracol muestran correos, chats y documentos que vinculan a Huertas y Mejía con la presunta entrega de datos sensibles al grupo ilegal.
Desde Bogotá, el procurador Gregorio Eljach calificó el caso como de suma gravedad para la seguridad nacional. Las investigaciones buscan determinar cómo información sobre operativos militares, movimientos de tropas y acciones de la Fiscalía llegaron a manos de una organización criminal. El escándalo genera interrogantes sobre la efectividad de los controles internos en las Fuerzas Militares y organismos de inteligencia en Colombia.
La captura de alias Calarcá en territorio antioqueño marcó el inicio de este escándalo nacional. El cabecilla disidente viajaba en una caravana de vehículos de la Unidad Nacional de Protección, una situación que ya generaba sospechas sobre posibles infiltraciones. Durante el operativo, las autoridades incautaron armas, dinero y, crucialmente, dispositivos electrónicos que contendrían la evidencia del presunto vínculo entre funcionarios del Estado y el grupo ilegal.
El material digital incautado en Antioquia fue analizado por especialistas forenses en Bogotá. Los expertos encontraron correos electrónicos, conversaciones y documentos que mencionan explícitamente a los ahora suspendidos. La información sugiere que Huertas y Mejía habrían compartido detalles operacionales que permitieron a la disidencia evadir controles militares en zonas de Antioquia, Chocó y otras regiones donde operan.
El general Huertas, quien dirigía desde Bogotá el Comando de Personal del Ejército, aparece vinculado a presuntas reuniones con emisarios del grupo criminal. Los encuentros se habrían desarrollado para discutir pactos de no agresión entre las tropas bajo influencia del general y las estructuras disidentes que operan en zonas rurales de Colombia. Las reuniones habrían ocurrido en territorio venezolano, aunque el militar niega categóricamente estos señalamientos.
Por su parte, Wílmar Mejía, desde su oficina en la DNI en Bogotá, habría tenido acceso a información privilegiada de múltiples agencias de seguridad colombianas. Su posición le permitía conocer operativos coordinados entre el Ejército, la Policía Nacional y la Fiscalía en distintas regiones del país. Los archivos sugieren que compartió datos específicos sobre movimientos institucionales en Antioquia, región donde las disidencias mantienen presencia significativa.
Las empresas de seguridad privada que operaban como fachada para los desplazamientos de Calarcá tenían registro en Medellín y Bogotá. Estas compañías habrían utilizado la información filtrada para diseñar rutas seguras que evitaban los puntos de control militar y policial. El esquema evidencia un nivel de sofisticación que requería acceso a información actualizada y confiable sobre la disposición de las fuerzas de seguridad en Colombia.
La Fiscalía General, con sede en Bogotá, abrió investigaciones penales paralelas a las disciplinarias de la Procuraduría. El general Huertas será investigado por fiscales especializados debido a su fuero como alto funcionario militar. Wílmar Mejía enfrentará investigación de otra dependencia. Ambos procesos buscan establecer si se configuraron delitos como concierto para delinquir, revelación de secretos o favorecimiento a grupos armados ilegales en Colombia.
Los habitantes de municipios antioqueños como Anorí, donde fue capturado Calarcá, expresan preocupación por las implicaciones del caso. Si funcionarios de alto nivel colaboraban con disidencias, los operativos de seguridad en la región habrían estado comprometidos durante meses o años. Esta situación explicaría la capacidad de los grupos ilegales para evadir la acción de las autoridades y mantener control territorial en zonas estratégicas de Antioquia y regiones vecinas.
El escándalo que comenzó con una captura en Antioquia ha escalado hasta convertirse en una crisis nacional que cuestiona la integridad de las instituciones de seguridad en Colombia. Desde Bogotá, las autoridades trabajan para determinar el alcance de la presunta infiltración y establecer responsabilidades. Los próximos meses serán cruciales para que los procesos judiciales y disciplinarios esclarezcan si efectivamente existió colaboración de funcionarios estatales con grupos armados ilegales.
Para Colombia, este caso representa un llamado urgente a fortalecer los mecanismos de control interno en las Fuerzas Militares y organismos de inteligencia. La protección de información clasificada y la confiabilidad del personal con acceso a datos sensibles deben ser prioridades institucionales. La credibilidad de las instituciones de seguridad y la efectividad en el combate contra grupos ilegales dependen de la capacidad del Estado para prevenir infiltraciones y sancionar firmemente cualquier forma de colaboración con organizaciones criminales.