Estaciones de servicio colombianas frente a salario
El debate sobre el incremento del salario mínimo para 2026 en Colombia acaba de sumar un nuevo actor con voz propia. El gremio de distribuidores de combustibles, que opera más de 6.400 estaciones en todo el territorio nacional, levantó una alerta sobre el impacto que un aumento desproporcionado podría tener sobre el empleo formal en ciudades, municipios y zonas rurales del país. La solicitud presentada este viernes por Somos Uno busca que el Gobierno nacional y las centrales obreras consideren las particularidades de sectores que nunca descansan.
Desde Bogotá hasta las regiones más apartadas de Colombia, las estaciones de servicio generan 50.000 empleos formales que sostienen a familias en Cundinamarca, Antioquia, Valle del Cauca, Santander, la Costa Caribe y todo el territorio colombiano. David Jiménez Mejía, vocero del gremio, explicó que estas empresas operan bajo márgenes regulados por el Estado colombiano, lo que significa que no pueden subir precios libremente para compensar mayores costos laborales como sí lo hacen otros negocios.
La preocupación es especialmente sensible en municipios pequeños y medianos de Colombia, donde las estaciones de servicio suelen estar entre los principales empleadores privados. En localidades de Boyacá, Caldas, Tolima, Córdoba, Meta y otras regiones, el cierre de una gasolinera o la reducción de personal puede representar un golpe significativo para economías locales que dependen de unos pocos empleadores formales.
La red de abastecimiento de combustibles en Colombia es una de las más extensas del sector empresarial nacional. Con cerca de 6.400 estaciones distribuidas desde La Guajira hasta el Amazonas, y desde el Pacífico hasta los Llanos Orientales, este sector tiene presencia en prácticamente todos los municipios colombianos. Su operación ininterrumpida, los 365 días del año, las 24 horas, lo convierte en un servicio esencial para el transporte de carga y pasajeros en todo el país.
El empleo generado por este sector tiene características particulares que lo hacen socialmente relevante en el contexto colombiano. Miles de jóvenes en ciudades como Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Cartagena encontraron su primer trabajo formal despachando combustible o atendiendo en tiendas de las estaciones. Para mujeres cabeza de hogar en municipios de Santander, Quindío, Risaralda y Nariño, estos empleos representan estabilidad económica y acceso al sistema de seguridad social colombiano.
El modelo de negocio de las estaciones de servicio en Colombia está sujeto a regulación estatal sobre los márgenes de ganancia. Mientras un restaurante o una tienda de ropa en centros comerciales de las principales ciudades pueden ajustar sus precios según sus costos, las gasolineras colombianas deben operar con márgenes definidos por el Ministerio de Minas y Energía. Esta restricción regulatoria diferencia significativamente su capacidad de respuesta ante incrementos en costos operativos, incluidos los salarios.
La advertencia del gremio Somos Uno tiene fundamento en experiencias recientes del sector en diferentes regiones del país. Durante 2024, varias estaciones en el Eje Cafetero, Santander y la región Caribe enfrentaron caídas en las ventas y estancamiento en los volúmenes comercializados. La contracción en la demanda de gasolina corriente, influenciada por el aumento del precio del galón, afectó particularmente a estaciones en municipios pequeños de Cundinamarca, Boyacá y Tolima, donde los márgenes son menores y los volúmenes de venta más limitados.
En el contexto geográfico colombiano, las regiones apartadas enfrentan desafíos operativos adicionales. Estaciones en municipios de Chocó, Putumayo, Guainía, Vaupés o zonas rurales de Meta y Casanare operan con costos de distribución más altos y menor flujo de clientes. Para estos negocios, que son fundamentales para garantizar abastecimiento en territorios alejados de los centros urbanos, incrementos salariales que no consideren su realidad operativa pueden resultar inviables, llevando potencialmente al cierre y dejando a comunidades sin servicio de combustible cercano.
El gremio nacional de distribuidores plantea que la negociación del salario mínimo 2026 en Colombia debe incorporar criterios técnicos como inflación esperada, productividad sectorial y sostenibilidad del empleo formal. La posición busca que el Gobierno colombiano, las centrales sindicales y los empresarios encuentren un punto de equilibrio que proteja el poder adquisitivo de los trabajadores sin comprometer la viabilidad de negocios que emplean formalmente a decenas de miles de colombianos en todo el territorio.
Paralelamente al debate salarial, el sector solicita al Ministerio de Minas y Energía una revisión técnica de los márgenes de distribución en Colombia, especialmente para estaciones ubicadas en regiones de difícil acceso. Esta petición responde a la necesidad de actualizar una estructura regulatoria que debe considerar las realidades operativas diferenciadas entre estaciones en autopistas de alta circulación cerca a Bogotá, Medellín o Cali, y aquellas ubicadas en municipios apartados de la geografía colombiana.
El debate sobre el salario mínimo 2026 en Colombia enfrenta ahora un argumento sectorial que no puede ignorarse fácilmente. Con 50.000 empleos formales distribuidos en todo el territorio nacional, desde capitales hasta municipios pequeños, el sector de distribución de combustibles representa un caso donde las decisiones de política salarial tienen consecuencias directas sobre la estructura de empleo en regiones donde las alternativas laborales formales son limitadas. La solicitud de Somos Uno plantea interrogantes sobre cómo diseñar políticas laborales que consideren las heterogeneidades sectoriales y territoriales del país.
Los próximos meses definirán si Colombia logra construir un consenso que equilibre las necesidades de los trabajadores con la sostenibilidad del empleo formal en sectores regulados. Para las familias que dependen de empleos en estaciones de servicio en Cundinamarca, Antioquia, Santander, Valle, Costa Caribe y todas las regiones del país, el resultado de esta negociación determinará si mantienen sus puestos de trabajo o si se suman a las estadísticas de desempleo. El desafío para el Gobierno nacional y los actores sociales es encontrar la fórmula que proteja simultáneamente salarios dignos y estabilidad laboral en todo el territorio colombiano.