El exjefe del Bloque Mineros fue incorporado al proceso de paz total, mientras sus familiares siguen siendo blanco de ataques
El atentado en el que resultó gravemente herido el sobrino de Ramiro “Cuco” Vanoy ocurre en un momento en el que el excomandante paramilitar ha sido incorporado al proceso de paz total del Gobierno nacional. Mientras el Estado busca que exlíderes de estructuras como el Bloque Mineros aporten a la verdad y a la reparación de las víctimas, las calles de Medellín y de otros territorios siguen registrando hechos violentos que recuerdan la sombra de las viejas autodefensas y la vigencia de redes ilegales que se alimentaron de su legado.
En este contexto, el ataque contra Mauricio Vanoy Bohórquez en La Iguaná no solo se analiza como un nuevo caso de sicariato urbano, sino también como un síntoma de las tensiones que persisten alrededor de esas estructuras y de los intereses económicos que las sostuvieron. El hombre, que según las autoridades habría tenido relación con el Bloque Mineros y hoy está vinculado a actividades mineras en el Bajo Cauca, fue atacado en un vehículo de alta gama por sicarios que se movilizaban en moto y que lo dejaron entre la vida y la muerte.
La lista de ataques previos contra familiares del exjefe del Bloque Mineros refuerza esta lectura. Los asesinatos de su hermano en Tarazá, de su cuñado en Envigado y el atentado contra su hijo en Tenjo conforman un historial que muestra cómo, más allá de los procesos judiciales y de desmovilización, hay dinámicas de venganza, retaliación o disputas económicas que siguen vigentes. En ese sentido, los especialistas en conflicto armado insisten en que la paz total no puede limitarse a la firma de acuerdos, sino que debe contemplar transformaciones profundas en territorios donde subsisten las rentas ilegales.
El atentado de La Iguaná también pone en evidencia cómo las ciudades se han convertido en escenarios de disputas que antes se concentraban en zonas rurales. El occidente de Medellín, especialmente las comunas 7 y 13, ha experimentado históricamente la presencia de combos, redes de microtráfico y estructuras que se conectan con organizaciones de mayor alcance regional. Para muchos habitantes, este tipo de ataques selectivos muestra que la frontera entre violencia del conflicto y criminalidad urbana es cada vez más difusa.
La inclusión de “Cuco” Vanoy en la paz total abre una ventana para que se conozcan con mayor detalle los patrones de violencia, los vínculos entre estructuras armadas y actores económicos, y los mecanismos que permitieron la consolidación de dominios en regiones como el Bajo Cauca. Sin embargo, el hecho de que sus familiares sigan siendo atacados revela que la decisión de aportar a la verdad no neutraliza automáticamente los conflictos y resentimientos acumulados durante años de guerra, ni desarticula de inmediato las redes criminales que aún operan.
Para Medellín, el reto consiste en integrar esta realidad a sus políticas de seguridad y de construcción de paz urbana. El caso del sobrino de “Cuco” Vanoy baleado en La Iguaná obliga a mirarse en el espejo de la historia reciente y a reconocer que la ciudad continúa siendo un nodo de conexión entre dinámicas locales y regionales del conflicto armado. El trabajo con las comunidades de la comuna 7, la comuna 13 y barrios como La Iguaná resulta clave para fortalecer la confianza en las instituciones y promover procesos de memoria y no repetición.
En tanto se esclarecen los hechos, el estado de salud de la víctima, recluido en la UCI del Hospital Pablo Tobón Uribe, se convierte en un símbolo de la fragilidad del tránsito hacia la paz. De su evolución dependerán no solo decisiones judiciales sobre la calificación del delito, sino también la manera en que la opinión pública perciba la capacidad del Estado para brindar garantías de seguridad a quienes, de una u otra forma, están conectados con procesos de desmovilización, justicia transicional y reparación de víctimas.
El atentado en La Iguaná contra un familiar de “Cuco” Vanoy demuestra que la paz total enfrenta el desafío de intervenir en territorios donde la herencia del paramilitarismo sigue presente y las economías ilegales mantienen su poder. En Medellín y el Bajo Cauca, este caso abre preguntas sobre la protección de quienes participan en procesos de verdad y justicia, y sobre la capacidad institucional para desmantelar las redes que surgieron alrededor de estructuras como el Bloque Mineros. La atención se centra ahora en los avances de la investigación y en las señales que envíe el Estado frente a este nuevo episodio de violencia selectiva.