Seis delitos ligados a contratos en el Atlántico
En la audiencia, la Fiscalía reitera que los hechos investigados se remontan a 2021, cuando Nicolás Petro ejercía como diputado del Atlántico. Desde Barranquilla, el ente acusador sostiene que el exdiputado habría intervenido para direccionar contratos hacia una fundación vinculada al caso Funcosocial, con recursos provenientes de la Gobernación. Estos contratos, de acuerdo con la investigación, estaban orientados a programas para adultos mayores y otras poblaciones vulnerables del departamento.
La relación entre la capital del Atlántico y el expediente es estrecha. No solo porque las audiencias se adelantan en los juzgados de Barranquilla, sino porque buena parte de los actores involucrados —funcionarios, contratistas y líderes políticos— han tenido presencia activa en la dinámica local. El eco mediático del caso es particularmente fuerte en la ciudad, donde medios regionales siguen minuto a minuto el desarrollo de la diligencia y de las decisiones que toma el juez de garantías.
En el pliego de cargos, la Fiscalía habla de un detrimento patrimonial de aproximadamente 111 millones de pesos, cifra que se ha convertido en un referente para dimensionar el alcance del caso en el Atlántico. Esa suma, según el ente acusador, corresponde a recursos que debían invertirse en programas sociales y que habrían sido desviados o utilizados de manera irregular. La defensa, desde Barranquilla, insiste en que la ejecución contractual se realizó y que no hay prueba de apropiación indebida por parte del exdiputado.
El expediente también se cruza con la historia reciente de la ciudad, que ha enfrentado otros escándalos de corrupción ligados a contratos y programas sociales. Para analistas locales, el caso Nicolás Petro se suma a una lista de investigaciones que han puesto en discusión la forma en que se administran los recursos en el Caribe colombiano. Por eso, lo que ocurra en el Juzgado 14 de Barranquilla será leído como una señal sobre el alcance real de la lucha contra la corrupción en la región.
A nivel procesal, la audiencia en Barranquilla se desarrolla con la presencia de la Procuraduría, que ha intervenido para pedir explicaciones y aclaraciones sobre algunos aspectos de la imputación. El juez, con sede en la ciudad, ha tenido que equilibrar el derecho a la defensa de Nicolás Petro con la necesidad de avanzar en un proceso que ya ha sido aplazado en varias oportunidades por dificultades en la exposición fiscal o por la agenda de los abogados.
Mientras tanto, en el resto del Atlántico, los habitantes siguen la información a través de transmisiones en vivo y boletines informativos. Los municipios cercanos a Barranquilla, donde también se han ejecutado programas sociales financiados con recursos departamentales, observan con atención la discusión sobre los contratos cuestionados. El caso fortalece demandas históricas por mayor transparencia, mejor vigilancia y participación ciudadana en la definición de proyectos que afectan directamente a las comunidades.
De cara al futuro, la capital del Atlántico seguirá siendo el punto de encuentro de las partes procesales. Las próximas audiencias, citadas también en Barranquilla, definirán si el juez acoge la solicitud de medida de aseguramiento y cómo avanzará el juicio en caso de que se mantenga la imputación por seis delitos. Cada nueva fecha en el calendario judicial de la ciudad confirmará la relevancia local y nacional del caso.
Con la imputación de cargos contra Nicolás Petro por seis delitos relacionados con contratos en la Gobernación del Atlántico, Barranquilla se consolida como epicentro de uno de los procesos judiciales más comentados del país. La ciudad no solo presta sus juzgados y escenarios institucionales, sino que también aporta el contexto político y social en el que se entiende el caso Funcosocial.
Para los habitantes de Barranquilla y del Atlántico, el desenlace de esta audiencia será crucial para medir la efectividad del control a la contratación pública en la región Caribe. Cada decisión que se tome en el Juzgado 14 Penal Municipal tendrá impacto en la confianza ciudadana y en la percepción sobre cómo se protegen, o se ponen en riesgo, los recursos destinados a programas sociales en el departamento.