Cundinamarca pide concertar medidas de movilidad regional
El anuncio de pico y placa los sábados para vehículos no matriculados en Bogotá puso en alerta a miles de conductores de la sabana de Cundinamarca. La medida, que regiría desde el primer semestre de 2026, ya genera roces entre la Alcaldía de Bogotá, liderada por Carlos Fernando Galán, y las autoridades del departamento, que advierten impactos directos en municipios como Chía, Cajicá, Zipaquirá, Soacha, Funza y Mosquera.
Al mismo tiempo, el abogado Julián Prada, con raíces y trabajo en la región, anunció una acción popular para frenar el decreto y exigir que cualquier decisión de movilidad que afecte a la sabana sea discutida bajo el marco de la región metropolitana Bogotá–Cundinamarca.
Para los municipios de la sabana, Bogotá es mucho más que la capital del país: es el destino cotidiano de estudiantes, trabajadores, proveedores y comerciantes que se mueven todos los días por corredores como la Autopista Norte, la calle 80, la calle 13, la vía Suba–Cota o la Autopista Sur. En ese contexto, cualquier medida que limite la movilidad de los vehículos matriculados por fuera de la ciudad impacta de forma directa la dinámica regional.
El decreto anunciado por Galán se enfoca en esos carros “externos”. Según la Alcaldía, tres de cada diez vehículos que transitan por Bogotá tienen matrícula de otros municipios o departamentos. El Distrito señala que estos automotores contribuyen a la congestión y al desgaste vial sin que su impuesto vehicular se quede en la capital, por lo que el pico y placa sabatino busca incentivar que el registro se haga en Bogotá.
Desde Cundinamarca, la posición es distinta. El gobernador Jorge Rey ha descrito la decisión como “excluyente” y contraria al espíritu de integración de la región metropolitana. Además, ha planteado la posibilidad de revisar los esquemas de financiación conjunta y estudiar una redistribución del impuesto vehicular que reconozca la carga que soportan también las vías departamentales por el flujo permanente de carros bogotanos.
En medio de este pulso institucional, la voz del abogado Julián Prada se ha vuelto referente para muchos ciudadanos de la sabana. Él insiste en que el alcalde está actuando “como si Bogotá fuera una isla” y que la medida desconoce la Ley 2199, que ordena que las decisiones de movilidad en la región metropolitana se tomen bajo principios de coordinación, concurrencia y complementariedad entre Bogotá y los municipios que la rodean.
La acción popular que Prada presentará ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca busca que se suspenda el decreto y que se obligue al Distrito a diseñar una política de movilidad de alcance regional, soportada en estudios técnicos robustos. El abogado también advierte que muchas familias de municipios como Chía, Cota o Madrid, que dependen del vehículo para entrar a la capital los fines de semana, podrían ver seriamente afectadas sus rutinas y sus ingresos.
La Alcaldía, por su parte, sostiene que la ciudad no puede seguir perdiendo participación en el registro vehicular mientras aumenta la demanda de inversión en semáforos, puentes, pavimentación y mantenimiento de vías. La secretaria de Hacienda, Ana María Cárdenas, ha sido enfática en que el pico y placa sabatino es parte de una estrategia para asegurar recursos y mitigar la congestión, complementando otras medidas vigentes en la capital.
Con este escenario, el tema del pico y placa sabatino se ha convertido en asunto central en las conversaciones locales: en Bogotá se habla de recaudo y congestión; en Cundinamarca, de integración y derecho a la movilidad. Lo que ocurra en los tribunales y en las mesas de diálogo marcará el rumbo de la movilidad regional para quienes viven y trabajan entre la capital y la sabana.
La polémica por el pico y placa sabatino para carros no matriculados en Bogotá refleja, en el fondo, la necesidad de una verdadera política de movilidad metropolitana. Mientras la capital busca recursos y alivios a sus trancones, municipios de Cundinamarca reclaman concertación y respeto por las dinámicas de la sabana.
En Bogotá, Chía, Cajicá, Zipaquirá, Soacha y el resto de la región, los habitantes siguen atentos a cómo se resuelve este pulso entre el alcalde Galán, la Gobernación y el abogado Julián Prada. De la decisión final dependerá si el próximo año los sábados serán días de mayor restricción o si, por el contrario, se abre la puerta a un modelo de movilidad verdaderamente regional para Bogotá y Cundinamarca.