Alerta Contraloría por salarios pendientes en justicia colombiana
El sistema de justicia colombiano atraviesa una situación sin precedentes que afecta a trabajadores en todas las regiones del país. Desde Bogotá hasta los municipios más apartados, 59.000 funcionarios judiciales llevan once meses sin recibir el ajuste anual de su bonificación, un componente salarial establecido por ley que debe actualizarse cada año conforme al incremento del costo de vida en Colombia.
La Contraloría General de la República, máximo organismo de control fiscal en Colombia, emitió una alerta contundente sobre los riesgos que esta situación representa para las finanzas públicas del país. El organismo advirtió que la falta de expedición oportuna del decreto que autoriza el pago puede generar consecuencias graves tanto para los trabajadores como para la sostenibilidad fiscal del Estado colombiano.
En ciudades como Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga y cientos de municipios más pequeños, los trabajadores del sector justicia enfrentan la misma realidad: reciben mensualmente su salario sin el incremento que les corresponde legalmente, mientras observan cómo la inflación en Colombia reduce su poder adquisitivo mes tras mes.
La situación afecta a trabajadores judiciales en todo el territorio nacional. En la capital del país, miles de funcionarios de juzgados, tribunales y la Fiscalía General de la Nación trabajan diariamente sin haber recibido el ajuste correspondiente a 2025. En las ciudades intermedias y pequeños municipios, jueces, secretarios, oficiales y auxiliares comparten la misma incertidumbre sobre cuándo recibirán lo que se les adeuda.
El Decreto 383 de 2013, norma vigente en Colombia, estableció la bonificación judicial como un componente del salario de estos trabajadores. La ley colombiana ordena que esta bonificación se ajuste anualmente según el comportamiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC), el indicador oficial que mide la inflación en el país. Este mecanismo busca proteger el salario real de los trabajadores ante el aumento de precios.
La geografía del problema abarca todas las regiones colombianas. En la Costa Caribe, funcionarios judiciales de Barranquilla, Santa Marta y Cartagena esperan el pago. En el Valle del Cauca, trabajadores de Cali y municipios circundantes enfrentan la misma situación. En Antioquia, el personal judicial de Medellín y otras localidades del departamento aguarda el desembolso. La región Andina, el Eje Cafetero, la Amazonía y la Orinoquía están igualmente afectadas.
Las entidades involucradas en la solución del problema incluyen al Gobierno Nacional colombiano, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Departamento Administrativo de la Función Pública, la Rama Judicial de Colombia, la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. La complejidad institucional del país dificulta la coordinación necesaria para resolver situaciones como esta.
Los montos pendientes varían según el cargo y la ubicación geográfica del funcionario. Un director ejecutivo nacional en Bogotá tiene derecho a una bonificación mensual de 1.781.945 pesos colombianos. Un auxiliar de servicios generales en cualquier municipio del país debería recibir 545.610 pesos mensuales adicionales. Multiplicados por once meses sin pago, los montos acumulados son significativos para las economías familiares.
El impacto macroeconómico del problema preocupa a los analistas económicos en Colombia. La Contraloría advirtió que el pago retroactivo de bonificaciones acumuladas durante once meses podría desestabilizar el cumplimiento de la regla fiscal colombiana, un mecanismo establecido para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas del país a largo plazo.
Las organizaciones sindicales del sector justicia en Colombia han elevado múltiples solicitudes a las autoridades nacionales. Han buscado audiencias con el Ministerio de Hacienda, han enviado comunicados al Presidente de la República y han solicitado la intervención de congresistas. Sin embargo, hasta mediados de noviembre, sus gestiones no habían resultado en el pago efectivo de los montos adeudados.
El Decreto 1195 de 2025 fue finalmente expedido y publicado en Colombia el 13 de noviembre, casi al finalizar el año. El documento oficial actualiza los valores de las bonificaciones judiciales para todo el personal del sector justicia en el país. Sin embargo, la firma del decreto no ha significado pagos inmediatos para los trabajadores.
El proceso administrativo en Colombia requiere que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público realice las apropiaciones presupuestales correspondientes. Estos recursos deben transferirse a las diferentes pagadurías que operan en todo el territorio nacional: las de la Rama Judicial en cada distrito judicial, las de la Fiscalía General de la Nación en sus seccionales regionales y las del Instituto de Medicina Legal. Solo después de completarse este proceso administrativo, los 59.000 trabajadores judiciales de Colombia podrán finalmente recibir el ajuste salarial que les corresponde y el retroactivo acumulado durante once meses de espera.