Sindicatos diplomáticos colombianos anuncian acciones legales inmediatas
Bogotá, noviembre 22 de 2025 – Un proyecto de decreto que eliminaría los requisitos de formación académica y experiencia profesional para ser embajador en Colombia generó una fuerte reacción de las organizaciones diplomáticas del país. La propuesta del gobierno nacional, que solo exigiría nacionalidad colombiana por nacimiento y tener más de 25 años, ha encendido el debate sobre el futuro del servicio exterior colombiano.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia enfrenta críticas después de que el Departamento Administrativo de la Función Pública publicara el borrador que busca modificar el Decreto 1083 de 2015. La medida afectaría no solo a embajadores extraordinarios y plenipotenciarios, sino también a cónsules generales centrales que atienden a millones de colombianos en el exterior.
ASODIPLO (Asociación Diplomática y Consular de Colombia) y UNIDIPLO (Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular) emitieron un comunicado conjunto el 21 de noviembre desde sus oficinas en Bogotá, manifestando su “profunda consternación” y anunciando acciones legales para defender la carrera diplomática colombiana.
La carrera diplomática en Colombia ha estado tradicionalmente regulada por requisitos específicos que incluyen título profesional, posgrado y experiencia en relaciones internacionales. Estos estándares, vigentes durante décadas en el Ministerio de Relaciones Exteriores, garantizaban que los representantes del país ante gobiernos extranjeros y organismos internacionales contaran con formación especializada para negociaciones comerciales, acuerdos bilaterales y protección de intereses nacionales.
El borrador del decreto del gobierno Petro establece textualmente que “no serán exigibles los requisitos generales de formación académica, experiencia profesional o equivalencias” para estos cargos de libre nombramiento en la Cancillería colombiana. Esta modificación se suma a la Resolución 10142 de agosto de 2025, que ya había eliminado el requisito de dominio de un segundo idioma para embajadores designados por fuera de la carrera diplomática.
Los sindicatos diplomáticos colombianos argumentan que la eliminación de requisitos para cónsules generales centrales es particularmente preocupante, ya que estos funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores manejan casos de protección consular, emergencias de colombianos en el exterior, trámites notariales y migratorios, repatriaciones y asistencia jurídica. Estas funciones, según las organizaciones, requieren conocimientos técnicos específicos que no pueden improvisarse.
El presidente Gustavo Petro defendió la medida desde Cali, argumentando que la Constitución colombiana le otorga la facultad de dirigir las relaciones exteriores del país a través de la canciller y sus embajadores. El mandatario había expresado en junio de 2025 su posición sobre el tema: “No debe haber requisitos para nombrar embajadores y embajadoras de Colombia. Cualquier hijo de obrero puede ser embajador”.
La controversia sobre los requisitos para embajadores en Colombia no es nueva en la administración Petro. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca anuló la designación de Armando Benedetti como embajador ante la FAO por no acreditar dominio de una lengua oficial de Naciones Unidas ni certificar título de posgrado. Este antecedente judicial habría motivado al gobierno a proponer cambios normativos más amplios en el servicio diplomático colombiano.
Diversos sectores políticos en Bogotá manifestaron su oposición al proyecto. La senadora María Fernanda Cabal anunció que demandará el decreto ante tribunales colombianos, mientras que la representante Catherine Juvinao cuestionó que el gobierno inicialmente hubiera solicitado hojas de vida a profesionales colombianos en el exterior, para luego eliminar los perfiles académicos exigidos en la Cancillería. Ocho excancilleres colombianos también firmaron una carta rechazando el debilitamiento sistemático del servicio exterior.
Las organizaciones diplomáticas insisten en que Colombia requiere una diplomacia profesional que garantice competencia mínima en quienes representan al país. Recordaron que la participación de Colombia en espacios internacionales de alto nivel, como el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ha sido posible gracias a la reputación construida por un servicio exterior técnico y especializado. La medida, advierten, podría afectar la credibilidad internacional de Colombia.
El proyecto de decreto requiere la firma de la canciller Rosa Villavicencio para entrar en vigencia en Colombia. Mientras tanto, las organizaciones diplomáticas preparan las acciones legales anunciadas ante tribunales administrativos colombianos. El debate sobre la profesionalización del servicio exterior del país continuará en las próximas semanas, con posiciones encontradas sobre meritocracia y democratización del acceso a cargos públicos.
Para los millones de colombianos residentes en el exterior y para el país en general, la decisión sobre los requisitos para embajadores y cónsules definirá el modelo de representación internacional que Colombia adoptará en los próximos años. La tensión entre accesibilidad democrática y competencia técnica en el Ministerio de Relaciones Exteriores marca un punto de inflexión en la historia de la diplomacia colombiana.