Reclutamiento forzado en Cauca, Nariño y Chocó 2025
El reclutamiento de menores de edad en Colombia alcanzó cifras históricas en 2024 y 2025, según reportes de organizaciones internacionales. Las regiones más afectadas son el litoral Pacífico, específicamente Cauca, Nariño y Chocó, así como las zonas fronterizas de Arauca y Norte de Santander. En estos departamentos, la presencia de grupos armados ilegales como el Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC, el ELN y el Clan del Golfo ha generado un incremento sostenido en la captación forzada de niños y adolescentes.
Entre 2019 y 2024, más de 1.200 menores fueron reclutados en todo el territorio nacional, según datos verificados por Naciones Unidas. Sin embargo, organizaciones locales y la Defensoría del Pueblo estiman que el número real podría ser mucho mayor debido al subregistro. En departamentos como Cauca se reportaron 300 casos en 2024, convirtiéndolo en la región más afectada del país. Le siguen Nariño, Chocó, Norte de Santander y Arauca, donde la presencia estatal es limitada y los grupos armados ejercen control territorial.
Las comunidades indígenas y afrodescendientes de estas regiones son las más vulnerables. El 52 por ciento de los casos de reclutamiento verificados en los últimos dos años corresponde a menores de pueblos étnicos. Esto evidencia que el fenómeno tiene un componente étnico y territorial marcado, concentrándose en zonas históricamente marginadas y con altos índices de necesidades básicas insatisfechas.
En el departamento del Cauca, la situación es crítica. La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca ha documentado un aumento preocupante en el reclutamiento de niños indígenas. Los grupos armados utilizan las redes sociales, especialmente TikTok y Facebook, para contactar a menores en resguardos indígenas. Les ofrecen dinero, motocicletas y celulares, aprovechando las necesidades económicas de familias en situación de pobreza extrema.
Nariño enfrenta desafíos similares. En municipios como Tumaco, Barbacoas y Magüí Payán, la presencia de grupos armados que controlan rutas del narcotráfico ha intensificado el reclutamiento. Los menores son utilizados para labores relacionadas con cultivos de coca, transporte de drogas y como informantes. La Defensoría del Pueblo ha emitido múltiples alertas tempranas para estos municipios, señalando el riesgo extremo que enfrentan niños y adolescentes.
En Chocó, departamento con uno de los índices de pobreza más altos de Colombia, el reclutamiento afecta principalmente a comunidades afrodescendientes e indígenas del río Baudó, el río Atrato y la región del Darién. Los grupos armados aprovechan la ausencia de oportunidades educativas y laborales para captar menores. Municipios como Bojayá, Medio Baudó y Litoral del San Juan reportan casos recurrentes que generan desplazamiento forzado de familias enteras que huyen para proteger a sus hijos.
La frontera con Venezuela presenta dinámicas particulares. En Arauca, la disputa territorial entre el ELN y disidencias de las FARC ha generado un aumento en el reclutamiento de menores, tanto colombianos como venezolanos. Los municipios de Arauquita, Tame y Saravena son los más afectados. La situación se agrava por la presencia de menores migrantes venezolanos en situación de vulnerabilidad extrema, que son captados con promesas de dinero para enviar a sus familias.
Norte de Santander, otro departamento fronterizo, enfrenta problemas similares. En la región del Catatumbo, el ELN y el EPL compiten por el control territorial, utilizando menores para fortalecer sus estructuras. Municipios como Tibú, El Tarra y Teorama reportan casos frecuentes. Además, en la zona metropolitana de Cúcuta se ha documentado el reclutamiento de menores venezolanos migrantes para actividades delictivas urbanas.
El Estado Mayor Central, liderado por alias Iván Mordisco, es responsable del 40 por ciento de los casos de reclutamiento en Colombia, según datos de Naciones Unidas. Esta estructura opera principalmente en Meta, Guaviare, Caquetá y Putumayo, donde recluta menores para el control de cultivos de coca y rutas del narcotráfico. En estas regiones amazónicas, el reclutamiento tiene características particulares: los niños son utilizados como raspachines, cocineros de cocaína y guardias de laboratorios en la selva.
La respuesta institucional en las regiones más afectadas ha sido insuficiente. Aunque existen programas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para la prevención del reclutamiento y la atención de menores desvinculados, estos no tienen la cobertura ni los recursos necesarios para atender la magnitud del problema. En Cauca, Nariño y Chocó, la presencia del ICBF es limitada, y muchas comunidades rurales no tienen acceso a estos programas.
Las autoridades locales y departamentales también enfrentan limitaciones. Los alcaldes de municipios afectados han denunciado que no cuentan con recursos suficientes para implementar estrategias efectivas de prevención. Además, en muchas zonas, los funcionarios públicos enfrentan amenazas de grupos armados que ven en los programas de prevención del reclutamiento un obstáculo a sus intereses.
El reclutamiento de menores en Colombia tiene un mapa claro: se concentra en las regiones más pobres, más alejadas, más olvidadas por el Estado. Cauca, Nariño, Chocó, Arauca y Norte de Santander comparten características que facilitan esta práctica criminal: presencia de grupos armados, economías ilícitas, pobreza estructural y ausencia de oportunidades para los jóvenes. Mientras estas condiciones persistan, el reclutamiento continuará siendo una realidad en estos territorios.
La solución requiere una estrategia diferenciada según las particularidades de cada región. En el Pacífico, es urgente fortalecer la presencia del Estado y garantizar el acceso a educación de calidad para las comunidades étnicas. En las zonas fronterizas, se necesitan programas especiales para menores migrantes en situación de vulnerabilidad. En las regiones amazónicas, es fundamental implementar alternativas económicas legales a los cultivos de coca. Solo con estrategias territoriales específicas y sostenidas en el tiempo será posible proteger a los niños colombianos de la guerra.