Ponencias archivo frenan ley financiamiento Gobierno Petro
La reforma tributaria 2024 en Colombia ha llegado a su fin antes de iniciar el debate formal. El Congreso de la República, a través de ponencias de archivo presentadas simultáneamente en la Cámara de Representantes y el Senado, frenó el proyecto que buscaba recaudar 16,3 billones de pesos. Esta decisión marca un punto de inflexión en la política fiscal del gobierno del presidente Gustavo Petro.
El senador Efraín Cepeda reunió 10 firmas en la Comisión Tercera del Senado, mientras Katherine Miranda lideró la oposición en la Cámara Baja. Ambas ponencias coinciden en señalar que Colombia alcanzó el límite de su capacidad tributaria y que nuevos impuestos afectarían negativamente la economía, la inversión y el empleo en el país.
Para los colombianos, este desenlace significa que no habrá aumentos en impuestos de renta, IVA adicional en productos específicos ni incrementos en el costo de combustibles, al menos en el corto plazo. El proyecto de ley de financiamiento queda archivado, obligando al Ejecutivo a buscar alternativas para financiar el Presupuesto General de la Nación de 2026.
La reforma tributaria Colombia 2024 pretendía introducir cambios significativos en el sistema impositivo nacional. Entre las medidas más controversiales se encontraba el aumento de tarifas del impuesto de renta para personas naturales hasta 41 por ciento, muy por encima de los estándares regionales. También contemplaba modificaciones al tratamiento de dividendos, la reactivación del impuesto al patrimonio y nuevos gravámenes al sector minero-energético.
Los congresistas que firmaron la ponencia de archivo representan un amplio espectro político. Del Partido Liberal participan Juan Pablo Gallo, Mauricio Gómez Amín y Karina Espinosa. El Centro Democrático aporta las firmas de Ciro Ramírez y María Angélica Guerra. Del Partido Conservador se suman Efraín Cepeda y Liliana Bitar. Otras colectividades presentes son el Partido de la U con Juan Carlos Garcés, Cambio Radical con Antonio Zabaraín, y ASI con Jairo Castellanos.
La ponencia archivo reforma tributaria argumenta que el proyecto deteriora la competitividad de Colombia, castiga a familias formales, encarece la producción y debilita el crecimiento económico. Los congresistas señalan que, en lugar de simplificar el sistema tributario colombiano, la propuesta añade complejidad con más tarifas, bases gravables y tributos superpuestos, dificultando el cumplimiento y la administración tributaria.
El contexto electoral juega un papel fundamental en el rechazo congresional. Las elecciones de 2026 se aproximan y los legisladores evitan el costo político de aprobar nuevos impuestos. Olga Lucía Velásquez, coordinadora ponente, expresó que aprobar gravámenes adicionales en vísperas de comicios resulta prácticamente imposible, una realidad reconocida incluso por quienes inicialmente apoyaban el proyecto.
El ministerio de Hacienda, bajo la dirección de Germán Ávila, intentó salvar el proyecto mediante ajustes. Se eliminaron artículos sobre combustibles, incluyendo la base gravable para distribuidores minoristas y las tarifas escalonadas para gasolina y ACPM. También se retiraron disposiciones sobre mercancías premarcadas. Sin embargo, estas modificaciones resultaron insuficientes para cambiar el sentir mayoritario del Congreso.
Los sectores económicos más afectados por la reforma tributaria habían expresado su rechazo. El sector minero-energético enfrentaba un impuesto adicional del 1 por ciento sobre ingresos brutos. Los pequeños empresarios veían amenazado el régimen simple de tributación. Los inversionistas extranjeros anticipaban mayores costos por dividendos. Cada sector encontró razones específicas para oponerse al proyecto.
Katherine Miranda, en su ponencia de archivo, enfatizó que la reforma afecta directamente a los más pobres y la clase media. Señaló que el aumento en combustibles impacta a campesinos, transportadores y trabajadores, encareciendo los alimentos y la vida de todos los colombianos. “Colombia no aguanta más impuestos”, declaró la representante, resumiendo el sentir de amplios sectores de la población.
Con el archivo de la reforma tributaria 2024, Colombia enfrenta interrogantes sobre el financiamiento del gasto público. El Presupuesto General de la Nación 2026, aprobado por 546,9 billones de pesos, debe ejecutarse sin los 16,3 billones proyectados del proyecto tributario. El gobierno deberá explorar alternativas como recortes presupuestales, mayor eficiencia en el recaudo existente o reasignación de prioridades.
Este es el segundo proyecto de reforma tributaria que el Congreso archiva al gobierno de Gustavo Petro, tras el hundimiento de la Ley de Financiamiento en diciembre de 2024. Para los colombianos, este desenlace representa alivio inmediato pero incertidumbre sobre cómo se sostendrán los servicios públicos. El debate sobre la política fiscal del país continuará, pero por ahora, nuevos impuestos quedan fuera de la agenda legislativa.