El escándalo Huertas–Mejía: cómo se tejió el contacto con la disidencia
El 23 de julio de 2024, una caravana que transportaba a siete jefes de las disidencias de las FARC, entre ellos alias Calarcá, fue interceptada por el Ejército en Anorí, Antioquia. En medio de la operación, los militares incautaron celulares, memorias USB y computadores. Esa incautación, días después olvidada por algunos, se convirtió en material explosivo que ahora remueve los cimientos del poder. Durante casi un año, un equipo periodístico de Noticias Caracol analizó esos dispositivos y encontró correos electrónicos, chats, cartas y fotografías que sugieren una conexión directa entre la disidencia y figuras del Estado. Entre los nombres más prominentes están el general Juan Miguel Huertas y el funcionario de inteligencia Wilmar Mejía.
Uno de los correos, fechado el 8 de febrero de 2024, describe una reunión en Bogotá en la que Huertas proponía montar una empresa privada de seguridad, donde los disidentes aportarían personal y armas, mientras él gestionaba permisos legales para operar con blindados y portar armas legalmente. Además, se mencionan acuerdos para evitar retenes militares y garantizar que los disidentes se desplacen con libertad gracias a contactos de alto nivel, incluso con la Presidencia. El escándalo no solo salpica la seguridad militar, sino que cuestiona la legitimidad institucional. La Procuraduría General ya abrió una investigación preliminar contra Huertas y Mejía para determinar posibles faltas disciplinarias. El ministro Sánchez, declaró que “ningún acto de ilegalidad será tolerado” dentro de la Fuerza Pública.
En respuesta, Huertas ha negado tajantemente los señalamientos, calificándolos de “fabricación malintencionada” y señalando que las pruebas “no han sido validadas por autoridad competente”. Mientras tanto, la DNI anunció una investigación interna para esclarecer el papel de Mejía. Este caso plantea profundas interrogantes: ¿hasta dónde se ha permitido que actores estatales dialoguen con estructuras armadas? ¿Puede una oferta de legalidad servir para fortalecer más que para pacificar? Y, sobre todo, ¿qué tan profundo es el riesgo de que instituciones encargadas de la seguridad se conviertan en facilitadores de la ilegalidad?