El presidente respondió en X; no hay anuncios oficiales de autoridades estadounidenses
La periodista y precandidata presidencial Vicky Dávila afirmó en X que Estados Unidos podría abrir un proceso judicial contra el presidente Gustavo Petro, al que describió como la aplicación de una supuesta “doctrina Trump”. La hipótesis —que alude a un eventual “indictment”— reactivó el debate sobre la financiación de la campaña de 2022 y desató un intercambio directo con el mandatario en la plataforma.
El pronunciamiento se registró el 10 de noviembre de 2025, un día después de que circulara una imagen que avivó especulaciones en la conversación pública. Dávila cuestionó la lentitud de la justicia colombiana frente a pesquisas en curso y aseguró que un expediente en jurisdicción estadounidense sería “inminente”. Petro replicó con un comentario de tono personal que elevó la tensión y convirtió el tema en tendencia.
En sus mensajes, Dávila hiló antecedentes que han sido materia de discusión nacional: presuntos ingresos irregulares a la campaña, referencias al llamado “Pacto de La Picota” y audios de excolaboradores. Según su interpretación, esos elementos podrían activar jurisdicción en EE. UU.; sin embargo, hasta el momento no existen comunicados ni cargos conocidos de autoridades estadounidenses sobre el caso.
Desde el ámbito jurídico, especialistas consultados por diversos medios han recordado que la jurisdicción penal en EE. UU. puede activarse cuando hay componentes transnacionales —como transferencias en dólares, uso del sistema bancario estadounidense o actores sancionados—. Aun así, advierten que cualquier proceso requiere evidencia documentada y actuaciones formales ante un gran jurado o juez competente.
El episodio tiene además una lectura diplomática: un movimiento judicial que involucre a un jefe de Estado en ejercicio sería excepcional y políticamente sensible, y demandaría cooperación institucional entre Washington y Bogotá. Históricamente, EE. UU. ha privilegiado mecanismos como asistencia judicial y sanciones administrativas, mientras que los procesos penales sobre mandatarios en funciones son poco frecuentes.
Mientras no haya actos procesales públicos, el debate permanece en el terreno político y mediático. Organizaciones de verificación recomiendan distinguir hipótesis de hechos comprobables y esperar pronunciamientos oficiales que clarifiquen el panorama. Por ahora, la discusión se concentra en X, con lecturas partidistas y riesgo de desinformación.