Arrecifes de San Andrés bajo presión constante
En 2005, el entonces Ministerio de Ambiente declaró el Área Marina Protegida Seaflower como una apuesta emblemática de conservación en el Caribe colombiano. Cinco años antes, la Unesco había reconocido la Reserva de Biosfera Seaflower, que abarca casi todo el archipiélago. Sobre el mapa, el departamento pasó a ser presentado como ejemplo mundial de manejo sostenible. Pero, dos décadas después, los datos muestran un panorama más matizado: entre 2008 y 2025 se han incautado allí 81.176 kg de pesca ilegal, una cifra que contrasta con el ideal de “santuario marino”.
La historia de estos mares está marcada por disputas de soberanía y decisiones judiciales. En 2012, la Corte Internacional de Justicia determinó que Colombia mantenía las islas de San Andrés y Providencia, pero perdía cerca de 75.000 km² de mar frente a Nicaragua. Aunque Seaflower sigue bajo jurisdicción colombiana, pescadores y autoridades locales perciben que el fallo dio más margen a embarcaciones nicaragüenses y hondureñas para operar cerca de los cayos. En la práctica, las fronteras en el Caribe Suroccidental siguen siendo líneas difusas sobre el agua.
La biodiversidad de Seaflower es excepcional incluso a escala regional. Allí se concentra el 77 % de los arrecifes de coral colombianos y, sumando el resto del departamento, el 91 % del área coralina del país. Es también hábitat de especies clave como el caracol pala, la langosta espinosa y los peces loro. Para científicos de Coralina, cada lancha que pesca ilegalmente en estos arrecifes no solo se lleva kilos de producto, sino que altera un equilibrio ecológico que tardó siglos en formarse y que es vital para el Caribe colombiano.
Mientras tanto, la respuesta institucional se debate entre las limitaciones de recursos y la necesidad de atender múltiples amenazas. La Armada señala que dispone de una fragata y lanchas rápidas para patrullar un área de más de 60.000 km², además de puestos en bancos y cayos. También utiliza herramientas tecnológicas como Skylight para detectar embarcaciones sospechosas. No obstante, las capturas y decomisos han disminuido en los últimos años, al tiempo que la propia institución admite que las embarcaciones ilegales usan rutas más evasivas y navegan sin sistemas de identificación.
El Caribe colombiano no enfrenta este problema en soledad. En el Pacífico, el Santuario de Fauna y Flora de Malpelo también reporta pesca ilegal y, a escala global, la FAO ha advertido sobre la expansión de la pesca INDNR en aguas de países con capacidades limitadas de control. Por eso, una de las respuestas más ambiciosas ha surgido desde la región: la propuesta de crear la Reserva de Biosfera Transfronteriza del Caribe Suroccidental, que uniría esfuerzos de Colombia, Costa Rica, Honduras, Jamaica, Nicaragua y Panamá para proteger 500.000 km² de mar compartido.
En octubre de 2024, los seis países firmaron un documento que marca el inicio de ese camino y aspira a lograr el reconocimiento de la que sería la reserva de biosfera marina transfronteriza más grande del mundo. Para las comunidades de San Andrés y Providencia, esta figura podría convertirse en una plataforma para exigir más cooperación en el control de la pesca ilegal, intercambiar información en tiempo real y asegurar que embarcaciones infractoras no encuentren refugio en puertos vecinos.
Mientras esa visión se concreta, el día a día sigue marcado por choques entre lanchas artesanales y barcos ilegales. Pescadores raizales piden que se invierta en tecnología para sus pequeñas embarcaciones, que puedan apoyar labores de monitoreo y enviar alertas rápidas. La autoridad ambiental insiste en que no es realista aspirar a una presencia permanente de la Armada en cada cayo y que la clave está en combinar mejor la vigilancia estatal con el conocimiento tradicional de las comunidades. El futuro de Seaflower, y del Caribe colombiano que la rodea, dependerá de esa alianza.
Seaflower es hoy un símbolo de los retos del Caribe colombiano frente a la pesca ilegal y la conservación marina. Aunque Colombia supera la meta global 30×30 y el archipiélago aparece en los mapas como área protegida y reserva de biosfera, la presión de embarcaciones extranjeras, la sobrepesca de especies claves y las limitaciones de control ponen en riesgo los arrecifes y la seguridad alimentaria de las comunidades isleñas. Avanzar hacia una reserva de biosfera transfronteriza, fortalecer la cooperación regional y apoyar a los pescadores de San Andrés y Providencia serán pasos decisivos para frenar la pesca ilegal en Seaflower y proteger la biodiversidad del Caribe colombiano.