Daniel Quintero se enfrenta al órgano electoral por impedirle inscribir su nombre
De cara a las elecciones presidenciales de 2026, el mecanismo de candidatura por firmas vuelve al debate central tras la negativa de la Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC) a aceptar la inscripción de un comité impulsado por el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero. La resolución 13881 de 2025 señala que no se admitirá el comité porque no hubo una renuncia previa de la consulta interna del Pacto Histórico, lo que se considera requisito para aspirar vía firmas.
Frente a ello, Quintero acusó “abuso de poder” y anunció que interpondrá una denuncia contra el registrador Hernán Penagos por prevaricato, además de presentar una acción de tutela ante el Juzgado 72 de Bogotá en los próximos días.
El aspirante argumenta que no está afiliado al partido que lo convocó a la consulta (Polo Democrático Alternativo) y por tanto no está sujeto al aval o renuncia que se le exige a quienes participan en ese mecanismo. La Registraduría afirma que jamás recibió la comunicación de retiro o renuncia y que por eso no procede la inscripción.
Este conflicto no solo atañe al caso particular de Quintero, sino que pone en evidencia los desafíos estructurales del sistema electoral colombiano: las barreras para la candidatura independiente o por firmas, el peso de los avales partidistas y la necesidad de claridad normativa. Analistas sostienen que una interpretación restrictiva del mecanismo podría marginar aspirantes con apoyo ciudadano pero sin estructura partidaria.
El calendario es crítico: con la elección del candidato único del progresismo prevista para marzo de 2026, cualquier retraso legal o administrativo puede afectar seriamente la competencia electoral de Quintero. El fallo de la tutela será vigilado de cerca por movimientos sociales y organizaciones de observación electoral.
Mientras tanto, la opinión pública y los medios se centran en si la institución electoral está actuando con imparcialidad y garantizando la igualdad de oportunidades o si, por el contrario, favorece los mecanismos tradicionales en detrimento de alternativas ciudadanas. El caso marca un hito en la discusión sobre democracia, participación y pluralismo en Colombia.
En resumen, la controversia de la inscripción por firmas de Daniel Quintero y la negativa de la Registraduría Nacional del Estado Civil para validarla podría desencadenar cambios sustantivos en la normativa electoral colombiana y en la forma como los aspirantes acceden a la política. El seguimiento del proceso judicial será clave para anticipar el futuro del sistema democrático en el país.