Dos soldados del Ejército Nacional, identificados como Ángel González Garcés y Édgar Mina Carabalí, fueron inicialmente liberados en zona rural de La Macarena (Meta) y entregados a un párroco; sin embargo, la comunidad volvió a retenerlos a las pocas horas. La situación se originó tras un operativo del CTI de la Fiscalía en el que fue capturada Liceth Daza Hoyos; líderes comunales exigieron su libertad como condición para la entrega de los militares.
De acuerdo con fuentes castrenses, los uniformados habrían sido obligados a entregar su armamento y quitarse el uniforme antes de ser trasladados. En la zona operan estructuras de disidencias de las FARC que, según las autoridades, presionan a la población para evitar acciones judiciales y de seguridad. El Ministerio de Defensa rechazó el hecho y pidió respeto por la vida e integridad de los soldados.
El episodio comenzó el lunes festivo 3 de noviembre, cuando un operativo de acompañamiento al CTI derivó en una asonada. En medio de esa tensión, la comunidad retuvo a los dos soldados como “prenda de garantía” por la captura de Daza Hoyos, según un comunicado de asociaciones campesinas locales. Horas después, fuentes militares reportaron una primera liberación y entrega a un sacerdote, pero la retención se reactivó.
Medios locales y nacionales confirmaron que los uniformados pertenecen al Batallón de Acción Directa y Reconocimiento No. 12 de la Fuerza de Tarea Omega. En esa zona, las autoridades han denunciado la interferencia de grupos armados en asuntos comunitarios y la utilización de civiles para obstaculizar procedimientos judiciales o movimientos tácticos.
El caso se inscribe en una serie de incidentes recientes en los que militares han sido retenidos por comunidades en medio de presiones de actores armados ilegales en distintas regiones. En Cauca, por ejemplo, se reportaron episodios masivos en 2025, con liberaciones posteriores tras mediación institucional. Estos hechos han encendido alarmas sobre el uso de “asonadas” como mecanismo de coacción.
Organismos como la MAPP/OEA y la Defensoría del Pueblo han intervenido en situaciones similares para facilitar liberaciones, mientras que el Gobierno ha reiterado que este tipo de retenciones constituyen secuestro. En el caso de La Macarena, las autoridades activaron canales humanitarios para salvaguardar a los uniformados.
La identidad de la mujer capturada, Liceth Daza Hoyos, fue uno de los puntos de fricción. Representantes comunales alegan que no era el objetivo del operativo y que su situación familiar amerita medidas especiales; no obstante, la Fiscalía no había informado variaciones en su estado jurídico.
Durante la tarde, circuló una fotografía de los soldados con un civil en ropa de diario, típica evidencia de “custodia comunitaria”. Sin embargo, la confirmación posterior de que fueron retenidos de nuevo cambió el panorama y elevó la tensión en la zona.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, rechazó el secuestro y pidió la pronta liberación, mientras se atribuye a estructuras bajo alias ‘Calarcá’ influencia en los hechos. Las Fuerzas Militares mantuvieron operativos de búsqueda y coordinación con la Iglesia para una salida pacífica.
Hasta el cierre de esta edición, se mantenían las gestiones humanitarias y la verificación de la situación exacta de los militares en terreno. El caso reaviva el debate sobre seguridad en áreas con fuerte presencia de economías ilícitas y la necesidad de protección a población civil y Fuerza Pública.
Las reacciones oficiales subrayan que la retención de miembros de la Fuerza Pública por civiles, bajo presión de grupos armados, es un delito que debe cesar. Expertos en seguridad advierten que estas prácticas erosionan el estado de derecho y exponen a la comunidad a retaliaciones y riesgos humanitarios.
En la región, la Iglesia y organizaciones internacionales han servido de garantes para canalizar entregas. La expectativa es que el diálogo humanitario prime y permita la restitución de los soldados sin condicionamientos judiciales. El tema sigue en desarrollo y las autoridades piden información responsable.