Allanamiento en Puerto Colombia desata crisis ministerial nacional
Una exclusiva urbanización en Puerto Colombia, Atlántico, se ha convertido en el epicentro de una investigación judicial que sacude al gobierno nacional. La Fiscalía General abrió indagación preliminar contra el ministro del Interior, Armando Benedetti, por operaciones inmobiliarias relacionadas con una propiedad de lujo en Lagos de Caujaral, condominio ubicado a pocos kilómetros de Barranquilla.
El caso involucra al empresario barranquillero Ricardo Leyva, reconocida figura del sector de espectáculos en la Costa Atlántica, quien habría cedido un contrato de leasing sobre la vivienda al ministro. Las autoridades buscan establecer si esta operación tuvo características irregulares que pudieran beneficiar indebidamente al funcionario público.
La investigación ha generado revuelo en la región Caribe, especialmente en Barranquilla y sus alrededores, donde tanto Benedetti como Leyva tienen arraigo y amplia trayectoria. El ministro, oriundo de Barranquilla, mantiene vínculos políticos y personales profundos en el departamento del Atlántico, lo que añade una dimensión local a un caso con repercusiones nacionales.
Lagos de Caujaral es una de las urbanizaciones más exclusivas de Puerto Colombia, municipio costero del Atlántico ubicado a aproximadamente 20 kilómetros de Barranquilla. Esta zona residencial, conocida por sus amplias propiedades y seguridad privada, se ha posicionado como destino preferido de empresarios, políticos y profesionales de altos ingresos de la región. Los precios de las viviendas en este condominio superan fácilmente los mil millones de pesos, con propiedades que ofrecen vista al mar y amplios jardines.
Fue precisamente en una de estas residencias donde el Cuerpo Técnico de Investigación realizó un allanamiento la semana pasada. La diligencia, ordenada por la magistrada Cristina Lombana de la Corte Suprema de Justicia, buscaba recopilar información sobre el patrimonio del ministro Benedetti. Vecinos de la urbanización reportaron movimiento inusual de vehículos oficiales y personal uniformado durante la mañana del operativo, aunque la mayoría prefirió no hacer declaraciones públicas.
Ricardo Leyva, el empresario barranquillero en el centro de la controversia, es una figura conocida en la Costa Atlántica. Durante más de cuatro décadas ha organizado eventos masivos, trayendo a la región a artistas nacionales e internacionales. Su empresa, Ave Fénix Entretenimiento, ha sido responsable de conciertos en el estadio Metropolitano de Barranquilla y en diversas plazas de toros de la región. En el medio del entretenimiento costeño, Leyva es respetado por su capacidad de producción y su red de contactos.
La relación entre Benedetti y Leyva no es secreta en círculos políticos y empresariales de Barranquilla. Ambos han coincidido en eventos sociales y actividades relacionadas con el sector cultural de la ciudad. Sin embargo, la naturaleza de sus acuerdos comerciales privados permanecía fuera del escrutinio público hasta ahora. La indagación de la Fiscalía busca establecer si estas relaciones comerciales tuvieron favorecimientos indebidos vinculados a la posición política de Benedetti.
El caso ha generado reacciones divididas en Barranquilla. Algunos sectores políticos locales defienden al ministro, argumentando que ha sido un gestor importante de recursos nacionales para proyectos en la región Caribe. Otros consideran que, independientemente de su gestión, debe responder ante las autoridades por las dudas sobre su patrimonio. En redes sociales locales, el tema ha dominado las conversaciones durante toda la semana.
Para Puerto Colombia, un municipio de aproximadamente 25 mil habitantes, tener en su territorio una propiedad bajo investigación judicial nacional representa un momento inédito. El alcalde del municipio ha evitado pronunciarse sobre el caso, señalando que se trata de un asunto que compete exclusivamente a las autoridades judiciales. Sin embargo, funcionarios municipales reconocen extraoficialmente que la atención mediática ha puesto a Puerto Colombia en el mapa nacional de una manera poco favorable.
La situación también tiene implicaciones para el sector inmobiliario de la región. Lagos de Caujaral y otras urbanizaciones exclusivas de la zona metropolitana de Barranquilla se promocionan por su discreción y exclusividad. El escándalo ha generado preocupación entre residentes y desarrolladores sobre cómo estos eventos podrían afectar la percepción de seguridad jurídica en inversiones inmobiliarias de alto valor en la zona.
La Fiscalía continúa recopilando información para determinar si abre investigación formal contra el ministro Benedetti. En Barranquilla y Puerto Colombia, el caso se sigue con atención particular, no solo por la relevancia política del funcionario, sino porque involucra a figuras locales y propiedades de la región. La próxima semana se esperan nuevas diligencias judiciales que podrían incluir citaciones a testigos y solicitudes de información a entidades financieras de la Costa Atlántica.
Mientras tanto, en Lagos de Caujaral la vida transcurre con aparente normalidad. Los guardias de seguridad de la urbanización han recibido instrucciones de no hablar con medios de comunicación, y la administración del condominio mantiene silencio sobre el caso. Para los habitantes de este exclusivo sector de Puerto Colombia, la situación representa un recordatorio de que ni siquiera en los lugares más privados y resguardados se puede escapar del escrutinio de la justicia cuando hay sospechas de irregularidades en el manejo de recursos públicos.