Secretaría de Seguridad y Policía piden al Congreso endurecer penas por robo de autos
Ante la preocupante cifra del 70 % de capturados por hurto vehicular que quedan libres en Bogotá, la Secretaría Distrital de Seguridad ha hecho públicos sus planteamientos para reformar el sistema legal. Este llamado no es solo simbólico: incluye propuestas concretas como la extinción de dominio a parqueaderos criminales y la creación de fiscales especializados. Desde las instancias institucionales argumentan que sin cambios legales, las capturas policiales pierden su impacto y se convierte en un esfuerzo costoso con beneficios limitados para la ciudadanía.
La Policía Metropolitana, en coordinación con la Secretaría Distrital, reportó 390 capturas durante el año por robo de automotores, así como la recuperación de 2.269 vehículos. A pesar de estos resultados operativos, la Secretaría de Seguridad denuncia que 7 de cada 10 de esas personas capturadas quedan en libertad, lo que evidencia un problema estructural en la judicialización. Por eso, desde el Distrito piden al Congreso una revisión urgente de las normas que regulan el hurto de vehículos, con el fin de endurecer las sanciones y cerrar los vacíos legales. Una de las ideas más polémicas es la extinción de dominio para parqueaderos que funcionen como puntos de almacenamiento de automotores robados, propuesta que ha generado apoyo y escepticismo. Asimismo, se plantea la creación de un grupo especial de fiscales que se dediquen únicamente a los delitos de hurto, receptación y comercio ilegal de autopartes, para acelerar procesos y garantizar condenas. En paralelo, la estrategia policial se ha fortalecido: revisiones más frecuentes en parqueaderos, controles de identificación vehicular y operativos con apoyo tecnológico para rastrear chasis y placas. Desde la administración distrital también se ha reforzado la participación ciudadana: se alientan las denuncias estructuradas, la vigilancia comunitaria y la cooperación con las autoridades para detectar hotspots del robo. Al mismo tiempo, se han presentado informes con evidencias de bandas organizadas que lucran con la venta de autopartes robadas, lo que, según la Secretaría, refuerza la necesidad de medidas legales más duras.
Finalmente, líderes institucionales han llamado a un pacto entre Congreso, Policía y Fiscalía para garantizar que las capturas no queden solo en titulares, sino que se traduzcan en justicia efectiva.
Voceros del Distrito advierten que sin estas reformas, la lucha contra el robo de vehículos seguirá siendo un parche: “Capturamos, pero no castigamos”, resumen. Algunos legisladores han mostrado apertura al debate, mientras que organizaciones de derechos urbanos y seguridad ciudadana han manifestado su disposición a colaborar en la redacción de reformas estructurales.
Bogotá enfrenta un momento decisivo: no basta con buenos operativos policiales, sino que es necesario un marco legal robusto para retener a quienes delinquen. Las propuestas ya están sobre la mesa, pero su implementación será clave para cambiar la realidad de la impunidad. El tema sigue en desarrollo.