La ofensiva golpeó a disidencias en Guaviare y Arauca
El Guaviare volvió a aparecer en el mapa noticioso de Colombia, no por sus ríos amazónicos ni por las historias de colonización campesina, sino por el estruendo de las bombas. Desde una base militar, lejos de la espesura de la selva, despegaron las aeronaves que, días atrás, descargaron su armamento sobre un campamento de las disidencias de las FARC en zona rural de Calamar. En cuestión de segundos, la operación, pensada para golpear a un grupo armado ilegal, empezó a tejer una cadena de consecuencias que hoy llega hasta los pasillos del poder en Bogotá.
La ofensiva no se limitó al Guaviare. Casi en paralelo, otra operación se ejecutó en Arauca contra estructuras similares, en una demostración de fuerza que buscaba dejar claro que el gobierno de Petro estaba dispuesto a ir más allá de los diálogos y los ceses al fuego. En el papel, la estrategia pretendía reforzar el control estatal en zonas donde mandan las disidencias de Iván Mordisco. En la práctica, la operación amazónica terminaría opacando cualquier logro militar por una razón ineludible: entre los muertos había menores de edad.
Desde San José del Guaviare, los primeros reportes hablaban de un número alto de combatientes neutralizados. Pero la narrativa comenzó a cambiar cuando la Defensoría del Pueblo confirmó que al menos seis de las personas fallecidas eran niños, niñas y adolescentes reclutados por las disidencias. Horas después, Medicina Legal, desde Bogotá, elevó la cifra a siete, tras el análisis de los cuerpos que habían sido trasladados desde la selva a la capital para su identificación. La noticia viajó con rapidez por los medios nacionales y redes sociales.
En Guaviare, el impacto fue doble. Por un lado, muchos habitantes vieron la operación como un golpe a un grupo armado que lleva años amedrentando a comunidades rurales y controlando rutas del narcotráfico. Por otro, la confirmación de la muerte de menores evocó recuerdos de otros bombardeos polémicos en el departamento, cuando la guerra parecía haber quedado atrás y volvió con fuerza sobre los más jóvenes. En esa mezcla de alivio y tristeza, el territorio se reafirma como uno de los escenarios más duros del conflicto, pese a las promesas de paz.
A cientos de kilómetros, en Bogotá, la onda expansiva del bombardeo alcanzó la Casa de Nariño y el Capitolio Nacional. Las declaraciones del presidente Petro, justificando la operación como una decisión para salvar a un pelotón de soldados, desataron un intenso debate en medios y en el Congreso. Representantes como Katherine Miranda anunciaron mociones de censura contra el ministro de Defensa, mientras organizaciones de derechos humanos solicitaron investigaciones nacionales e internacionales para determinar si la operación respetó el Derecho Internacional Humanitario.
En Arauca, otro de los departamentos intervenidos en la ofensiva, líderes sociales observan con preocupación lo ocurrido en Guaviare. Temen que operaciones similares, sin claridad suficiente sobre la presencia de menores y población civil, se repitan en sus territorios. En una región donde la frontera con Venezuela, el contrabando y el narcotráfico se cruzan con la presencia de distintos grupos armados, la línea entre golpe militar y daño a la población civil puede ser muy delgada si no se extreman las medidas de precaución.
Con el paso de los días, la historia del bombardeo en Guaviare se ha ido armando como un rompecabezas que conecta selva, bases militares, despachos en Bogotá y comunidades vulnerables en la periferia. En el centro de ese mosaico aparece la figura de Gustavo Petro, que debe responder por las decisiones que llevaron a la muerte de los menores, mientras intenta sostener un discurso de paz total y defensa de la vida. Guaviare, una vez más, se convierte en el territorio donde se prueba hasta dónde llega la voluntad del Estado para enfrentar a las disidencias sin repetir los errores del pasado.
La ofensiva militar en Guaviare y Arauca, y en particular el bombardeo en Calamar que dejó varios menores muertos, ha convertido a este departamento amazónico en el epicentro de una crisis política para el gobierno de Gustavo Petro. El caso ha encendido las alarmas sobre la aplicación del DIH en las operaciones contra las disidencias y ha reactivado el debate sobre la paz total y la protección de la niñez en regiones como Guaviare y Arauca. Mientras el país espera decisiones de la justicia y del Congreso, el nombre de Guaviare se consolida como un símbolo de las tensiones entre seguridad, derechos humanos y coherencia política en Colombia.