Región amazónica enfrenta presencia de grupos armados
Las selvas del departamento de Guaviare, ubicado en la región amazónica de Colombia, fueron escenario de una operación militar que desató un intenso debate político nacional. El bombardeo ordenado por el presidente Gustavo Petro contra las disidencias de las Farc lideradas por alias Iván Mordisco ocurrió en la zona rural del municipio de Calamar, territorio que ha enfrentado históricamente la presencia de grupos armados ilegales.
Guaviare, con su capital San José del Guaviare, es un departamento de vocación agrícola y ganadera donde convergen desafíos de desarrollo rural, presencia limitada del Estado y actividad de organizaciones al margen de la ley. La región, que forma parte de la transición entre la Orinoquía y la Amazonía, ha sido corredor estratégico para el narcotráfico y territorio disputado por diferentes estructuras armadas.
La operación militar del 10 de noviembre de 2025 en Calamar dejó 19 personas muertas según el reporte del Ejército Nacional. Este municipio, ubicado al norte del departamento, ha sido zona de influencia del Estado Mayor Central, la principal disidencia de las Farc que rechazó el Acuerdo de Paz de 2016 y mantiene actividades de narcotráfico, extorsión y reclutamiento forzado.
El departamento de Guaviare, creado en 1991, ha enfrentado décadas de presencia guerrillera. Durante el auge de las Farc, la región fue un bastión importante de esa organización, con varios frentes operando en su territorio. Tras el Acuerdo de Paz de 2016, muchos combatientes se desmovilizaron, pero otros formaron disidencias que rechazaron el proceso y continuaron actividades ilegales.
Las disidencias lideradas por Iván Mordisco encontraron en Guaviare condiciones propicias para su fortalecimiento. La extensa zona selvática ofrece cobertura natural, los ríos permiten transporte de insumos y cargamentos ilícitos, y las comunidades rurales dispersas dificultan el control estatal efectivo. La economía cocalera, aunque reducida mediante programas de sustitución, persiste en algunas áreas.
San José del Guaviare, la capital departamental con aproximadamente 60 mil habitantes, ha buscado posicionarse como destino turístico por sus atractivos naturales. Sin embargo, la violencia asociada al conflicto armado y el narcotráfico afecta el desarrollo económico y social de la región. Las comunidades indígenas y campesinas que habitan el departamento enfrentan presiones de grupos armados y limitaciones en acceso a servicios básicos.
La presencia del Estado Mayor Central en Guaviare se intensificó tras la suspensión de los diálogos de paz. El gobierno nacional había iniciado conversaciones con esta disidencia, pero las negociaciones se estancaron y finalmente se rompieron, lo que llevó a la reactivación de operaciones militares. El bombardeo de noviembre representa la acción más contundente contra esta estructura en el departamento durante el actual gobierno.
Calamar, el municipio donde ocurrió la operación, tiene una población aproximada de 13 mil habitantes según proyecciones del DANE. Su economía se basa en agricultura, ganadería y extracción maderera. La presencia estatal en sus zonas rurales más apartadas es limitada, lo que facilita que grupos armados ilegales mantengan control territorial y ejerzan presión sobre comunidades campesinas.
Los habitantes de Guaviare han vivido décadas atrapados entre diferentes actores del conflicto. Las comunidades rurales enfrentan amenazas de grupos armados, restricciones de movilidad, y frecuentemente quedan en medio de operaciones militares. El bombardeo de noviembre, aunque ocurrió en zona selvática alejada de centros poblados, genera preocupación entre residentes sobre posibles escaladas de violencia.
El desarrollo de Guaviare requiere soluciones integrales que combinen presencia estatal efectiva, oportunidades económicas legales, protección a comunidades, y desarticulación de estructuras criminales. Los eventos de noviembre evidencian que la región sigue siendo escenario activo del conflicto armado colombiano, con las consecuencias humanitarias y de desarrollo que esto implica.
El debate nacional sobre el bombardeo en Guaviare pone momentáneamente en el centro de atención a este departamento amazónico que enfrenta desafíos estructurales. Más allá de la controversia política entre el presidente Petro y la congresista Juvinao, las comunidades guaviarenses continúan esperando soluciones duraderas que les permitan vivir en paz y desarrollarse económicamente sin presiones de grupos armados.
La situación en Guaviare refleja los retos que Colombia enfrenta en sus territorios periféricos. Regiones como esta, con potencial turístico y ambiental importante, ven limitado su desarrollo por la persistencia del conflicto armado y la economía ilegal. El futuro del departamento dependerá de la capacidad del Estado para ofrecer presencia integral, oportunidades legales y seguridad a sus habitantes, rompiendo el ciclo de violencia que ha marcado su historia reciente.