Redes familiares habrían capturado mercado local de cocaína
La captura de diez personas señaladas de integrar dos clanes familiares dedicados al narcotráfico en Bogotá no solo es un nuevo golpe al narcomenudeo. El expediente conocido en el caso ‘Anuket’ expone un método que interpela directamente la confianza ciudadana: la simulación de allanamientos con uniformes y distintivos de autoridades reales para robar cargamentos de cocaína.
La operación, liderada por la Policía Antinarcóticos y la Fiscalía, reconstruye al menos cinco episodios en los que los grupos habrían ingresado a casas de compra y venta de droga, en el norte y sur de la capital, haciéndose pasar por agentes oficiales. La droga, lejos de entrar a la cadena de custodia, habría terminado redistribuida en puntos de venta controlados por los mismos clanes.
Más allá de la gravedad penal, el caso plantea preguntas de fondo sobre la vulnerabilidad de los barrios residenciales frente a estas economías ilegales, la capacidad del Estado para blindar sus símbolos y la aparente facilidad con la que exfuncionarios pueden reciclar su experiencia operativa en beneficio de redes criminales.
De acuerdo con la narración de la Fiscalía, los clanes detectaban previamente las casas donde se almacenaba o comercializaba cocaína. La información sobre esos inmuebles, clave para cualquier operación antidrogas, fue uno de los primeros interrogantes de los investigadores: ¿cómo llegaba a manos de una red criminal un mapa tan preciso del negocio en barrios como La Colina Campestre o sectores de Kennedy? Esa pregunta alimenta hoy la hipótesis de filtraciones internas y contactos con otras organizaciones. El uso de uniformes de la Policía y prendas del CTI para ejecutar los falsos allanamientos es otra alarma. Para los investigadores, esta práctica no solo facilitó el acceso a las viviendas y el control de las víctimas, sino que contribuyó a normalizar escenas de alto impacto en entornos urbanos: hombres armados, vehículos oficiales y salidas rápidas con paquetes de droga, todo bajo la apariencia de un procedimiento legítimo. Analistas en seguridad consultados para casos similares sostienen que la presencia de exfuncionarios en estas redes cumple un doble rol. Por un lado, aportan conocimiento detallado de protocolos, zonas de operación y debilidades institucionales; por otro, dotan de “verosimilitud” a los procedimientos ilegales frente a vecinos y transeúntes, que difícilmente cuestionan un operativo cuando ven insignias oficiales.
En la audiencia de imputación se mencionó a un exmiembro del CTI y a un expolicía dentro de la estructura. El expediente también hace referencia a una supuesta negociación por 500 kilogramos de clorhidrato de cocaína con una organización de Santander para abastecer el mercado bogotano. Este dato, aún en verificación, refuerza la idea de que el negocio del narcomenudeo en grandes ciudades no se limita a pequeñas bandas barriales, sino que forma parte de cadenas más amplias que conectan zonas de producción, corredores de transporte y centros de consumo. Otro elemento que la Fiscalía destaca son los antecedentes de varios investigados, que incluyen condenas por hurto, tráfico de estupefacientes, fraude procesal y estafa. La reiteración de conductas delictivas plantea, según expertos, un desafío sobre los mecanismos de resocialización y supervisión de personas que recuperan su libertad, especialmente cuando conservan redes y conocimientos que pueden ser reactivados en nuevas estructuras.
El caso ‘Anuket’ se inscribe, además, en un contexto de creciente preocupación por la presencia del narcomenudeo en entornos residenciales de estratos medios y altos. La Colina Campestre, por ejemplo, es reconocida como una zona de alta valorización inmobiliaria, con colegios, parques y comercio formal; sin embargo, la investigación la señala como uno de los puntos donde se habría coordinado la distribución de la droga. Esto refuerza la tesis de que el negocio se adapta a la demanda y busca zonas donde pueda camuflarse con mayor facilidad.
Pese a la contundencia que la Fiscalía atribuye a las interceptaciones y a la reconstrucción de los falsos allanamientos, la defensa de los capturados insiste en que se trata de una interpretación sesgada de las pruebas y que aún no hay una sentencia que confirme las acusaciones. El desarrollo del juicio permitirá medir no solo la solidez del caso, sino también el alcance de las lecciones institucionales que de él se desprendan.
El proceso contra los dos clanes familiares deja por ahora un mensaje ambivalente. Por un lado, muestra que las autoridades tienen capacidad para seguir y desarticular redes complejas que combinan parentescos, antecedentes penales y conocimiento institucional. Por otro, revela fisuras en los controles internos y en la protección de símbolos como uniformes y credenciales, que son el soporte de la confianza ciudadana.
Mientras se define la responsabilidad penal de los implicados, el desafío para Bogotá va más allá de un solo expediente judicial: consiste en evitar que los barrios residenciales se conviertan, silenciosamente, en escenarios privilegiados para la expansión del narcomenudeo y en reforzar los canales de denuncia y vigilancia comunitaria frente a procedimientos sospechosos.