La mañana empezó con llamadas a la aerolínea y la misma respuesta: transacción rechazada. Según su defensa, Nicolás Petro intentó conseguir un tiquete para presentarse en su audiencia, pero la operación no pasó. Dice que no hay dinero y que, además, un listado extranjero lo tiene bloqueado. Por eso pidió que el juez lo deje conectarse por video.
En la carpeta judicial figuran cargos por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. El caso nació entre señalamientos públicos, capturas y ruedas de prensa. Con ese telón de fondo, el traslado a la audiencia se convirtió en un problema más grande de lo que parece: una barrera que, según la defensa, no depende solo de él.
La “Lista Clinton” —el nombre coloquial de las sanciones de la OFAC— no es una ley colombiana, pero golpea donde duele: los medios de pago. Si una aerolínea o una pasarela teme incumplir normas de Estados Unidos, corta por lo sano y no procesa la compra. Para quien está señalado, incluso un trayecto nacional se vuelve cuesta arriba.
La propuesta es sencilla: abrir la cámara, validar identidad y seguir el procedimiento desde una sala remota. No sería la primera vez que la justicia se adapta; lo hizo en pandemia y aún conserva protocolos para mantener la inmediación y la publicidad. El juzgado debe decidir si, por esta vez, basta con la pantalla.
Mientras tanto, el reloj corre. Los abogados juntan soportes para explicar el bloqueo y la Fiscalía insiste en que el juicio no puede detenerse. Afuera, el debate político arde: ¿se está abriendo una puerta peligrosa o simplemente se garantiza un derecho básico?
En la audiencia se discutirán medidas, pruebas y cronograma. Después vendrá lo más difícil: demostrar, peso por peso, de dónde salió cada recurso y si hubo o no enriquecimiento indebido. La narrativa humana de hoy —un hombre que no puede viajar— pronto volverá a lo de siempre: cifras, extractos y testimonios.
Reacciones y consecuencias
Las redes sociales convirtieron el caso en tendencia, divididas entre quienes ven excusas y quienes reclaman empatía ante un bloqueo real. Organizaciones de justicia digital proponen estándares de verificación para que nadie pueda aprovecharse de la virtualidad.
Si el juez acepta la conexión remota, el precedente podría replicarse en otros procesos con obstáculos financieros o geográficos. Si la niega, la defensa deberá buscar un plan B para garantizar la presencia física.
Cierre
La historia de un tiquete que no se pudo comprar abre preguntas más grandes sobre cómo se juzga en tiempos de sanciones globales. Pase lo que pase, el expediente seguirá su curso entre pantallas, pasarelas de pago y un juzgado con agenda apretada