Piden revisar cambios desde el corazón de la entidad
En Bogotá se sintió con fuerza el impacto de la reestructuración, no solo porque el búnker concentra parte de la cúpula de la Fiscalía, sino porque desde allí se coordinan investigaciones de alcance nacional. La decisión de desmontar las unidades Gaula y redistribuir a sus fiscales hacia la Dirección contra el Crimen Organizado reconfiguró el mapa interno de la entidad y motivó a los funcionarios a tomar la calle para pedir una revisión de la medida.
De acuerdo con la carta que los trabajadores de Asonal enviaron a la fiscal Camargo, la reorganización dejó a algunos despachos con cargas que superan los 1.700 procesos, mientras otros en la misma dirección apenas manejan cerca de 60 expedientes. Esa disparidad, sumada a la complejidad de los casos que se atienden desde Bogotá, es vista por los funcionarios como un factor de riesgo para la eficiencia de la justicia y para la confianza de los ciudadanos que acuden al ente acusador.
Desde el punto de vista de seguridad ciudadana, la preocupación es que el aumento de extorsiones y el repunte del secuestro no estén acompañados de una estructura investigativa adecuada. Los funcionarios insisten en que los Gaula eran un referente en la lucha contra estos delitos, y que su eliminación puede generar vacíos en la coordinación con la Fuerza Pública, especialmente en zonas urbanas y rurales que dependen del apoyo técnico y operativo que se lidera desde la capital.
El plantón en el búnker también buscó llamar la atención sobre la situación de los agentes de la Dirección de Protección de la Fiscalía secuestrados por el ELN. Para quienes protestan, este caso refleja la urgencia de reforzar, y no debilitar, los equipos especializados en secuestro y extorsión, y de garantizar que en cada despacho haya un responsable claro que impulse las investigaciones y mantenga informadas a las víctimas.
En Bogotá, donde confluyen denuncias de ciudadanos de todo el país, los funcionarios advierten que la sobrecarga de procesos puede traducirse en mayores tiempos de respuesta, audiencias que se aplazan y decisiones que tardan más de lo deseable. Por eso, una de sus principales peticiones es que se revise la distribución de expedientes y se adopten correctivos que permitan equilibrar el trabajo entre direcciones y seccionales.
Al mismo tiempo, el episodio pone en el centro del debate la necesidad de que las reformas internas de la Fiscalía consideren el componente territorial. Aunque se trate de decisiones tomadas en despachos de la capital, sus efectos alcanzan a fiscales en regiones apartadas, a víctimas que viven lejos de Bogotá y a autoridades locales que dependen de la articulación con el ente acusador para enfrentar estructuras criminales que operan en varios departamentos.
El plantón no paralizó la actividad del búnker, pero sí dejó la imagen de una institución en la que conviven tensiones y preguntas sobre la mejor manera de enfrentar el crimen organizado desde la capital. Los funcionarios esperan que, tras esta demostración pública, la administración de la fiscal Camargo abra canales formales de diálogo con el sindicato y con los equipos técnicos, para ajustar la ruta y evitar que el malestar interno se convierta en un obstáculo adicional para la justicia en Colombia.
Para Bogotá, donde se toman muchas de las decisiones clave de la Fiscalía General, el plantón frente al búnker es una señal de alerta sobre los desafíos que implica reestructurar una entidad en medio de un escenario de alta criminalidad. La forma en que se responda a las inquietudes de los funcionarios marcará el futuro de investigaciones que afectan directamente la seguridad de barrios, municipios y regiones enteras.
En términos de SEO local, el caso pone en el foco la relación entre la Fiscalía en Bogotá, la lucha contra la extorsión y el secuestro, y la confianza de los ciudadanos que acuden al búnker en busca de justicia. Lo que pase con esta reestructuración será clave para evaluar el desempeño de la administración de Luz Adriana Camargo al frente del ente acusador.