Necesidad fiscal choca con incertidumbre pública
La ponencia positiva de la reforma tributaria abre una ventana de oportunidades: aliviar déficit, fortalecer ingresos públicos y buscar una tributación más progresiva. Pero también levanta alertas: los costos de esos cambios podrían recaer sobre sectores vulnerables, inversión o dinamismo económico.
Uno de los riesgos más mencionados por expertos es el traslado de la carga tributaria: aunque el foco esté en grandes contribuyentes, empresas y sectores de altos ingresos, las alzas podrían terminar repercutiendo en precios de bienes, servicios, energía o consumo general —y allí sentirlo la clase media y baja.
Además, la incertidumbre sobre la implementación y la capacidad institucional para controlar evasión y elusión tributarias plantea dudas: sin un fortalecimiento de la administración tributaria, los beneficios podrían quedar en parte sobre el papel.
Para el sector privado, los ajustes en renta, impuestos a dividendos, patrimonio y normalización de activos podrían desincentivar inversión, generar inseguridad jurídica o provocar salidas de capital, lo que impactaría en empleo y crecimiento.
Por otro lado, hay una esperanza: si la reforma se diseña bien, con equidad y progresividad, podría reducir desigualdades, financiar inversiones en infraestructura, salud, educación y fortalecer servicios públicos esenciales. Pero para eso se requerirá transparencia, fiscalización y un uso eficiente de los recursos recaudados.
El debate legislativo será clave: senadores y representantes deben ponderar entre necesidad fiscal, protección social y estabilidad económica. La ponencia abre la puerta, pero el camino será largo.
Como balance, la reforma representa una encrucijada: podría ser una herramienta transformadora para Colombia —o convertirse en una carga fiscal que erosione desarrollo e ingresos reales.
La reciente aprobación de la ponencia que impulsa la reforma tributaria 2025 reactiva el debate sobre el futuro económico del país. Con promesas de equidad y recaudo, pero con riesgos claros sobre consumo, inversión y justicia fiscal, Colombia enfrenta una disyuntiva: avanzar hacia un sistema más sostenible y progresivo —o asumir los costos de un ajuste fiscal en tiempos de incertidumbre. El éxito dependerá de decisiones legislativas, institucionalidad y vigilancia ciudadana.