EPS en crisis: dos caminos opuestos
La crisis del sistema de salud en Colombia alcanzó un nuevo capítulo con el intenso intercambio entre el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el actual mandatario Gustavo Petro. Las principales ciudades del país, desde Bogotá hasta Medellín y Cali, observan con atención cómo este debate político podría definir el futuro de la atención médica que reciben millones de colombianos en hospitales públicos y privados a lo largo del territorio nacional.
Las propuestas presentadas por el líder del Centro Democrático contrastan radicalmente con las políticas implementadas por el gobierno nacional, generando reacciones encontradas en distintos sectores de la sociedad colombiana. Médicos, pacientes, administradores hospitalarios y analistas de política pública en ciudades como Barranquilla, Bucaramanga y Cartagena siguen de cerca las implicaciones de cada postura para sus comunidades locales.
Colombia enfrenta decisiones cruciales sobre el modelo de aseguramiento en salud. Las voces de diferentes regiones del país se suman al debate, aportando perspectivas desde realidades diversas que van desde grandes centros urbanos hasta municipios apartados en departamentos como Chocó, Amazonas y La Guajira.
En Bogotá, capital del país, la controversia sobre el sistema de salud adquiere dimensiones particulares. Los hospitales públicos de la ciudad, como el Hospital San Juan de Dios (actualmente cerrado pero símbolo de las crisis del sector), el Kennedy y La Victoria, han experimentado directamente las consecuencias financieras del colapso de algunas EPS. Las deudas millonarias que arrastran estas instituciones afectan la capacidad de atender a población vulnerable en localidades como Ciudad Bolívar, Usme y Bosa, donde miles de familias dependen exclusivamente del sistema público.
La propuesta de Uribe sobre certificación de calidad para EPS genera reacciones mixtas en Medellín y el Valle de Aburrá. Esta región, conocida por innovaciones en salud pública y presencia de instituciones hospitalarias reconocidas, cuenta con experiencias tanto de EPS privadas eficientes como de casos problemáticos. Médicos del Hospital Universitario San Vicente Fundación y la Clínica León XIII señalan que el problema no es únicamente regulatorio: existe déficit estructural de financiación que ningún incentivo tributario puede solucionar completamente.
En Cali y otros municipios del Valle del Cauca, la crisis de la Nueva EPS golpeó especialmente duro. Miles de afiliados en esta región enfrentaron interrupciones de servicios, negaciones de autorizaciones y cierre de puntos de atención. La decisión del gobierno nacional de comprar esta entidad fue recibida con esperanza por algunos, pero también con escepticismo por quienes dudan de la capacidad de gestión estatal. Comunidades afrocolombianas en el Pacífico vallecaucano, que históricamente han tenido acceso limitado a salud, observan el debate preguntándose si finalmente llegará atención de calidad a sus territorios.
Las ciudades de la Costa Caribe como Barranquilla, Cartagena y Santa Marta experimentan problemas particulares relacionados con clima cálido, enfermedades tropicales y población dispersa en zonas rurales. Los contratos de estabilidad jurídica propuestos por Uribe podrían, teóricamente, atraer inversión privada para mejorar infraestructura hospitalaria en estas regiones. Sin embargo, experiencias previas en departamentos costeños muestran que capitales privados tienden a concentrarse en zonas urbanas, dejando desatendidas poblaciones en La Guajira, San Andrés y áreas rurales de Córdoba y Sucre.
Bucaramanga y el área metropolitana de Santander representan otro escenario relevante. Esta región combina desarrollo económico relativo con brechas significativas en acceso a salud especializada. Pacientes con enfermedades complejas en municipios santandereanos deben viajar frecuentemente a Bucaramanga o incluso a Bogotá. La pregunta local es si las propuestas en debate facilitarán descentralización de servicios especializados o mantendrán la concentración actual en grandes ciudades.
En regiones apartadas como el Chocó, Putumayo, Guainía y Vaupés, el debate Uribe-Petro sobre modelos de aseguramiento puede parecer desconectado de realidades cotidianas. Estas zonas carecen de infraestructura básica: no hay EPS funcionando eficientemente ni suficientes hospitales públicos. Las comunidades indígenas y afrodescendientes en estos territorios necesitan soluciones que reconozcan sus contextos específicos, distancias extremas y condiciones socioeconómicas particulares.
Las propuestas de ambos lados deberán considerar diversidad geográfica y cultural colombiana. Un modelo único puede resultar inadecuado para un país donde conviven megaciudades como Bogotá con poblados amazónicos aislados. Departamentos cafeteros como Quindío, Caldas y Risaralda tienen necesidades diferentes a las de Meta, Casanare o Arauca. Cualquier reforma exitosa requerirá flexibilidad territorial y reconocimiento de realidades locales.
Colombia, en su diversidad territorial, espera respuestas que trasciendan disputas ideológicas entre figuras políticas. Desde Pasto hasta Cúcuta, desde Montería hasta Villavicencio, ciudadanos exigen un sistema de salud que funcione independientemente de si quien lo administra es público o privado. Las particularidades regionales, culturales y geográficas del país deben estar en el centro de cualquier solución propuesta.
El futuro del sistema de salud colombiano se construirá en la capacidad de escuchar voces de todas las regiones, combinar experiencias exitosas locales y adaptar soluciones a contextos específicos. Bogotá puede tener respuestas que no funcionan en Mitú, y viceversa. La verdadera reforma será aquella que reconozca esta complejidad y construya un sistema flexible, equitativo y eficiente para todos los colombianos, sin importar su lugar de residencia.