Comunidades rurales del Guaviare exigen protección para menores
El departamento del Guaviare vive horas de consternación tras confirmarse la muerte de seis niños, niñas y adolescentes durante un bombardeo militar ejecutado en zona rural del municipio de Calamar. La operación, dirigida contra campamentos de disidencias de las FARC en la región amazónica, ha generado una fuerte controversia sobre la protección de menores en áreas de conflicto.
La Defensoría del Pueblo confirmó oficialmente las muertes infantiles, contradiciendo la versión inicial del Ministerio de Defensa. Los hechos ocurrieron en la vereda Itilla, una zona selvática donde las disidencias del Estado Mayor Central, bajo el mando de alias Iván Mordisco, mantienen presencia desde hace años y donde el reclutamiento forzado de menores es una realidad documentada.
Comunidades rurales del Guaviare han expresado su dolor y preocupación por la situación de seguridad en la región. El departamento, ubicado en la Amazonia colombiana, enfrenta desde hace décadas la presencia de grupos armados ilegales que controlan rutas del narcotráfico y ejercen presión sobre la población civil, especialmente sobre niños y adolescentes vulnerables al reclutamiento forzado.
El bombardeo se ejecutó en la madrugada del 11 de noviembre en la vereda Itilla, zona rural del municipio de Calamar, Guaviare. La operación fue ordenada directamente por el presidente Gustavo Petro como parte de una ofensiva militar contra las estructuras de alias Iván Mordisco, uno de los principales jefes de las disidencias de las FARC en la región amazónica colombiana.
Calamar es uno de los cuatro municipios del Guaviare, departamento ubicado en el suroriente de Colombia, en la región de la Amazonia. La zona se caracteriza por su geografía selvática, difícil acceso y presencia histórica de grupos armados ilegales que aprovechan la espesura de la selva y la limitada presencia institucional para establecer campamentos y rutas de tráfico de drogas.
El Guaviare ha sido escenario de múltiples operaciones militares en los últimos años. La región es estratégica para las disidencias porque conecta zonas de producción de coca con ríos que facilitan el transporte de drogas hacia Venezuela y Brasil. Esta importancia geográfica explica por qué grupos como el Estado Mayor Central mantienen fuerte presencia y control territorial.
Las comunidades rurales del departamento enfrentan diariamente las consecuencias del conflicto armado. Según reportes de la Defensoría del Pueblo, durante 2025 se han documentado múltiples casos de vulneraciones al Derecho Internacional Humanitario atribuidas a disidencias en Guaviare, incluyendo reclutamiento forzado, confinamiento de población, extorsión y amenazas contra líderes sociales.
El reclutamiento forzado de menores es una problemática especialmente grave en zonas rurales del Guaviare. Familias campesinas viven bajo amenaza constante de que sus hijos sean reclutados por las disidencias. La falta de oportunidades educativas y económicas en estas regiones remotas facilita que grupos armados capten menores con promesas o mediante coerción directa.
La operación militar que dejó seis menores fallecidos involucró bombardeos aéreos de precisión y despliegue terrestre de efectivos militares. Según información oficial, se recuperaron once fusiles, múltiples artefactos explosivos y material de inteligencia durante la intervención. Sin embargo, el costo humanitario ha generado cuestionamientos sobre los protocolos aplicados.
Organizaciones sociales y líderes comunitarios del Guaviare han solicitado al Gobierno nacional mayor presencia institucional que ofrezca alternativas reales a los jóvenes de la región. Piden inversión en educación, proyectos productivos y programas de prevención del reclutamiento forzado que atiendan las causas estructurales que hacen vulnerables a los menores.
El Guaviare necesita más que operaciones militares para resolver la compleja situación de seguridad que enfrenta. La presencia de disidencias, el narcotráfico y el reclutamiento forzado son síntomas de problemas estructurales que requieren respuestas integrales: presencia estatal efectiva, inversión social, oportunidades para los jóvenes y protección real para las comunidades rurales.
La muerte de seis menores en Calamar debe servir como llamado de atención sobre la situación que viven miles de niños, niñas y adolescentes en zonas rurales del Guaviare y otros departamentos de la Amazonia colombiana. Mientras el Estado y los grupos armados disputan el territorio, son las comunidades locales, especialmente los más jóvenes, quienes pagan el precio más alto de un conflicto que parece interminable en esta región de Colombia.