Ante la conmoción, las autoridades anuncian vigilancia intensificada y control de lo que precede a estos actos
Según las grabaciones, alrededor de las 10:21 p.m., la camioneta azul ingresó al conjunto residencial como parte de la huida, realizó maniobras peligrosas, colisionó con motocicletas y otros objetos, lo que generó que un grupo de moteros reaccionara rápidamente.
La persecución culminó cuando el vehículo fue rodeado y los atacantes, visiblemente enfurecidos, lanzaron cascos al parabrisas, sillas contra las ventanas y después sacaron al conductor a golpes. La violencia fue filmada por transeúntes y por cámaras de seguridad.
El conductor ingresó a cirugía en la Clínica de Occidente, pero los traumatismos, según reporte oficial, fueron irreversibles y murió en horas de la madrugada. Las autoridades investigan tanto el atropello como los hechos posteriores.
En el barrio Tabakú, comerciantes y residentes aún recogen los vidrios, cascos rotos, restos de sillas y las huellas de lo que fue una agresión colectiva. La camioneta quedó como testimonio físico del episodio.
Desde la alcaldía local se señaló que la presencia institucional debe reforzarse, que la tolerancia cero al linchamiento es prioridad y que se incrementará la vigilancia de cámaras en zonas de alto riesgo vial. Pero esas iniciativas llegan cuando la violencia ya escaló.
Este episodio es además un reflejo de las tensiones en la movilidad de Bogotá: conductores que no respetan normas, motociclistas vulnerables, comunidades que sienten que las autoridades no actúan. El resultado: explosión de violencia cuando el desencuentro se hace físico.
A largo plazo, el hecho abre la necesidad de replantear educación vial, protocolos de intervención comunitaria y mecanismos de denuncia que no dependan de que la furia sea la vía de resolución. Porque cuando la comunidad asume la justicia, la ciudad pierde.
El linchamiento ocurrido en Kennedy tras un atropello múltiple es una herida abierta en la movilidad y la justicia de Bogotá. Las investigaciones iniciadas deben arrojar claridad, sanciones y lecciones. Pero más allá de eso, la ciudad debe preguntarse: ¿cómo evitar que la venganza callejera suplante al Estado de Derecho? Solo así la localidad de Kennedy y Bogotá podrán aspirar a vías seguras, comunidades más tranquilas y convivencia sostenida.